Estos días no hay muchos motivos para el optimismo, pero la batalla no acaba hasta que acaba. En consecuencia, desde la sociedad civil organizada seguimos empujando la carreta con el convencimiento de que solo una ciudadanía informada, empoderada y organizada puede lograr que se detenga el peligroso proceso de deterioro democrático que estamos viviendo.
En ese camino, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana -capítulo panameño de Transparencia Internacional-, junto al Financial Services Volunteer Corps y con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, trabaja para lograr un cambio en los procesos de elaboración, ejecución y evaluación de resultados de ese vital instrumento de trabajo de los gobiernos que es el presupuesto nacional.
A pesar de la notable ausencia de una cultura de transparencia en la administración pública, Panamá hace parte de la iniciativa global llamada Alianza para el Gobierno Abierto y recientemente suscribió el llamado Cuarto Plan de Acción Nacional para el Gobierno Abierto, que incluye las siguientes áreas que requieren profundas reformas: Transparencia e Integridad, Recursos Naturales, Políticas Sociales y Educativas, Modernización del Estado, Parlamento Abierto, Acceso a la Información, Transparencia Agropecuaria, Presupuestos Abiertos y Justicia Abierta. En realidad, se trata de una completa transformación del modelo de administración pública actual, un cambio total de cultura desde la política y desde la sociedad en general. ¡Un reto gigantesco!
Con relación al presupuesto nacional, el MEF presentó en abril, el primer presupuesto abierto para los ciudadanos, lo que constituye un importante paso adelante en el cumplimiento de los citados compromisos y, esperemos, el inicio de la ruta hacia el logro de los presupuestos abiertos a los que se ha comprometido el país.
El presupuesto abierto para los ciudadanos es una versión menos técnica del presupuesto, diseñada para transmitir información clave a los ciudadanos, de manera que cuenten con los datos que les permitan participar e incidir. En esa ruta, por supuesto, es preciso crear espacios de participación verdaderamente efectivos. Es solo un primer paso, pero el MEF se ha comprometido a seguir avanzando (ver proceso completo en presupuestoabierto.org).
En este tema, como en tantos otros, Panamá está rezagada o saca mala nota. Por ejemplo, aún no es parte de la Encuesta de Presupuesto Abierto y en las evaluaciones realizadas tanto en 2013 como en los últimos dos años por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, ha quedado en evidencia las graves falencias en el proceso de elaboración y ejecución del presupuesto nacional.
De la larga lista de problemas identificados cito solo algunos: pobre control y seguimiento en los atrasos en el pago de obligaciones, omisiones significativas en registros y reportes contables, un sistema de exenciones fiscales y tratos preferenciales que erosiona la base impositiva -un tema de gran actualidad como sabemos-, falta de prioridad en las asignaciones para las áreas sociales como salud o educación, abuso de los proyectos llave en mano y contratos de pago diferido, o falta de datos sobre las reasignaciones presupuestarias aprobadas. Este último tema alude a esos populares traslados de partidas que aprueba la Comisión de Presupuesto de la Asamblea en procesos notablemente opacos.
Cambiar la forma de hacer los presupuestos, su ejecución y establecer mecanismos de rendimiento de cuentas, tiene el potencial de convertir ese documento contable en una verdadera herramienta que impulse el desarrollo económico y social, permitiendo la implementación de efectivas políticas públicas.
En pocas palabras, se trata de fortalecer la institucionalidad democrática y propiciar que los ciudadanos actuemos como socios responsables en la administración de los recursos que son de todos.
Pero mientras algunas instituciones del Estado intentan avanzar en la modernización, otros siguen sin entender de qué va la transparencia, la participación ciudadana y el estado de derecho.
El alcalde del distrito capital, José Luis Fábrega, como si de un emperador se tratara, sigue con su propósito de construir otro mercado de mariscos, pasando por encima de lo que sea. El turno ahora fue para la juez Rosalía Sánchez, que concedió un amparo de garantías constitucionales basado en la falsedad del proceso de consulta realizado por el Municipio, y revocó el acuerdo municipal que dio paso a la licitación.
A pesar de ello, el pasado martes 17 de mayo, el Municipio de Panamá realizó la reunión de homologación con la participación de dos empresas que también están desafiando la decisión judicial. Una lectura del acta de la reunión apuntala la desconfianza. Los representantes de Corporación Continental y Ulife América Central no hicieron una sola pregunta, a pesar de la complejidad del proyecto que incluye hasta reordenamiento vial.
Parece que fue una formalidad para seguir avanzando.
Veremos hasta dónde llega el alcalde en su empeño de ignorar la voluntad ciudadana y la transparencia y negarse a rendir cuentas. No hay duda de que le vendría muy bien un curso intensivo sobre Gobierno Abierto.
La autora es presidenta de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana
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