El fallo de inconstitucionalidad de la Ley 406 del 2023 sobre el contrato minero entre el Estado y Minera Panamá, S.A., fue contundente y reiteró con creces, después de 27 años, la ilegalidad decretada sobre la Ley 9 de 1997 en el contrato del Estado y Minera Petaquilla, S.A. Este ultimo fallo obligó finalmente al gobierno actual al cierre de la mina. Incluso meses antes, en diciembre del 2022, mediante Resolución 144, el Consejo de Gabinete ya había ordenado el cierre del proyecto de la mina por incumplimiento del Código Minero, o sea, claramente estaban operando y exportando sin una concesión vigente.
Debo aclarar que nunca me he opuesto a una minería limpia, ordenada, cumplidora de sus compromisos fiscales, sociales y ambientales, muy lejos de ser el caso de Minera Petaquilla y Cobre Panamá. De hecho este servidor, como ministro de Comercio en 1991, le aprobó a la empresa Adrian Resources, Inc., del ingeniero Richard Fifer, el primer permiso para explorar la posibilidad de importantes yacimientos de oro y plata en el área de cerro Petaquilla y Molejón. Dicho contrato venció en el 1995 y fue sustituido por el gobierno PRD por un contrato ley de explotación y comercialización en 1997, a nombre de Minera Petaquilla, S.A. Las razones de optar por un “contrato ley” en sustitución de una concesión otorgada bajo el Código Minero, son básicamente dos: el inversionista no confía en la seguridad jurídica del país o bien desea introducir condiciones favorables adicionales no contempladas en el Código Minero vigente, pero siempre y cuando dichas cláusulas no interfieran con la Constitución de la República, como fue reiterativo en los contratos de 1997 y 2023.
Después de realizar un recorrido histórico desde que se le otorgó el derecho de exploración a la empresa Adrian Resourses Inc. hasta la fecha actual y de revisar cantidades de informes y noticias locales y extranjeras, leer comunicados, resoluciones, decretos oficiales, contratos inconstitucionales, condenas por estafa en perjuicio de accionistas, demandas laborales, venta ilegal de tierras nacionales, abandono de instalaciones, delitos ambientales, evasión de pago de regalías al fisco, exportaciones de oro, plata, molibdeno y de cobre sin concesiones vigentes... Al final, un cúmulo grande de ilegalidades y omisiones imposibles de dejar pasar inadvertidas tanto de parte de las autoridades gubernamentales como de los inversionistas de las empresas locales y canadienses que estuvieron involucradas en este tramado minero.
Desde la primera concesión de exploración otorgada a Adrian Resourses, llama la atención en 15 años un cúmulo de cambios de razón social en dicho proyecto minero: Geo Recursos, Minera Petaquilla, Cobre Panamá, Petaquilla Minerals, Petaquilla Gold, Inmet Mining y First Quantum Minerals y todas ellas involucradas en esa enrarecida historia de nuestra minería. A mi entender, debido al fallo de la CSJ y la posterior decisión del gobierno de declarar el cierre de la mina, su mayor accionista, la empresa FQM, ha ya iniciado dos laudos arbitrales contra el Estado Panameño y una demanda de protección a la inversión extranjera por la empresa Korea Mine Rehabilitation Minerals Resourses, propiedad del Estado coreano. Si bien es cierto que dichos arbitrajes internacionales pueden demorar hasta diez años, podemos estar seguros que la contraparte extranjera, que es experta en estos temas mineros y además está siendo bien asesorada, se encuentra trabajando en recopilar material probatorio favorable a su defensa y también en revestir con mucha cautela sus debilidades, iniciando arreglos laborales, proponiendo al gobierno un plan de control ambiental, invitando a los medios a la mina, declarando interés en buscar una solución sensata al cierre, buscando apoyo de las autoridades canadienses, pues él de las nuestras lo tiene. A contrario sensu, el Ejecutivo panameño, lejos de haber a estas alturas nombrado un confiable equipo de expertos para iniciar las investigaciones y auditorías independientes sobre los 32 años de trayectoria del proyecto minero, se ha limitado a nombrar un comité de ministros y funcionarios públicos anteriormente involucrados en el ilícito contrato.
Si bien es cierto que estamos en un periodo electoral y que el nuevo gobierno y el país tendremos que enfrentar el próximo quinquenio retos tales como la inmensa deuda pública, el déficit del programa de IVM, recuperar la eficiencia operativa del Canal, una posible pérdida del grado de inversión, todos muy trascendentales, ninguno es de la magnitud fiscal y tiene el impacto reputacional de un litigio internacional contra el Estado por $10,000 millones. Da la impresión que el problema de la minera se terminó con el fallo de la Corte y el cierre de la mina, pero nada más lejos de la triste realidad. La próxima semana les seguiré comentando mis hallazgos desde los inicios de la explotación de oro, plata y molibdeno en Petaquilla y Molejón y los entuertos legales de estos proyectos y sus administradores.
El autor es exministro de Comercio e Industrias y exembajador de Panamá en Washington
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