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El cuco del arbitraje minero III

La seda de la araña es flexible, pero transitar entre telarañas es difícil. Fueron veintisiete años del tramado minero, seis gobiernos, decenas de sociedades, funcionarios, inversionistas, mineros, juristas, ambientalistas, fiscales y reguladores, que formaron parte de este contubernio.

El contrato #406 está plagado de inconstitucionalidades que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en su fallo de diciembre expuso de forma magistral. Por tanto, sin ser ambientalista, jurista o regulador trataré como empresario, dentro de este limitado espacio, comentar algunos artículos del contrato.

Página #1: La concesionaria reconoce que el contrato #9 del 1997 entre el Estado y Minera Petaquilla ahora Minera Panamá, SA (MPSA), fue declarado inconstitucional en gaceta #29439 el 2021 y por lo tanto dejo de tener existencia jurídica. Claramente, entonces, en diferentes periodos hasta el 2023, la mina “Cobre Panamá” no estuvo amparada por un contrato de concesión, sin embargo estuvo exportando oro, plata y cobre en forma ilegal.

Página #2: Se especifica que ninguna cláusula del contrato debe ser interpretada de limitar o restringir la “soberanía” del Estado o sus “facultades constitucionales”. La CSJ fue precisa exponiendo múltiples violaciones a la Carta Magna y además en la página #26 se restringe a la nación realizar su derecho soberano para disponer libremente del uso de sus ingresos fiscales.

Página #4: En el contrato #406 se definen cuatro zonas de explotación con un área total de 12,955 hectáreas, pero en el anexo #2 del mismo contrato exhiben un plano extraído de una anterior concesión por 17,780 hectáreas. Además, presentan un Estudio de Impacto Ambiental, mediante resolución DIEORA IA-1210 del 2011 utilizados 12 años atrás, incluso previo a First Quantum Minerals (FQM), que establecía otra cantidad de hectáreas. Las faltas al tema ambiental resultan muy significativas en un arbitraje; ya a principios del 2023 el ex-fiscal ambiental Giovanni Olmos había denunciado que la minera negociaba nuevas concesiones usando estudios ambientales viejos.

Página #5: Se establece que el contrato #406 tendrá una duración de 20 años retroactivos a diciembre del año 2021. Coincidentemente existe un comunicado de FQM en febrero del 2023 anunciando que MPSA y Cobre Panamá cumplían cuatro años de su primera molienda y que solo la producción de cobre en el 2021 había sido $US4,752 millones. Igualmente, en página #19 se comprometen con el gobierno que tan pronto se apruebe el contrato pagarán US$395 millones por declaraciones tributarias retroactivas de los periodos fiscales 2021 y 2022. Esto confirma y reconoce que exportaron ilegalmente metales esos años, sin pagar regalías ni impuestos al Estado, otra clara ofensa de omisión.

Página #38: La concesionaria se obliga a informar al Ministerio de Comercio (MICI) su composición accionaria y su grupo económico y a notificar cualquier cambio en dicha composición. Pero en el anexo #6 aparece el listado de cinco afiliadas y no incluyen a Jiangxi Copper “perteneciente al gobierno de China”. Esto representa otra grave omisión, pues Jiangxi resulta ser una de sus mayores accionistas que incluso compró en noviembre de 2023 acciones adicionales de FQM por US$ 220 millones.

Página #45: La concesionaria declara que ni ella ni sus accionistas, socios, o empresas vinculadas, ni cualquiera de sus directores, agentes o empleados de confianza ha “incurrido ni incurrirá” directa o indirectamente en las siguientes conductas: pagar, dar, entregar, recibir, prometer, acordar coimas, sobornos, regalos, aportes o comisiones ilegales en la República de Panamá o cualquier otro lugar del mundo e incluye sin limitación cualquier legislación anticorrupción de la República de Panamá. Añade además que en caso que cualquiera de las personas mencionadas, hubiesen sido condenadas mediante sentencia o hubiesen admitido la comisión de cualquiera de las conductas ilícitas antes descrita, el Estado podrá resolver el contrato de pleno derecho. Es público que Richard Fifer creador, accionista y alto ejecutivo de Petaquilla Gold, Petaquilla Minerals y Minera Petaquilla, SA (hoy Minera Panamá, SA.), fue acusado en el 2005 por peculado contra la gobernación de Coclé y en el 2012 por delito ambiental en Donoso y en el 2021 fue condenado a diez años por estafa en contra de Gold Dragon Capital, un accionista de Minera Petaquilla, SA.

Página #46: FQM declara que a más tardar a la firma del contrato por el Estado (acto realizado el 10 de octubre del 2023), la concesionaria y todas sus filiales deberán presentar al MICI documentos vinculantes firmados por sus representantes autorizados, mediante el cual renuncian a toda reclamación contra el Estado en cualquier foro de reclamación de disputas.

Una filial de FQM, Korea Mine Rehabilitation “que pertenece al gobierno Coreano”, anuncio que está demandando al Estado panameño por US$747 millones, contraviniendo dicho artículo y además violando la Constitución.

Termino esta entrega reiterando que estamos ante una historia tan enmarañada que ni la propia empresa ni el gobierno aceptan responsabilidades pero sin duda habrá incontables perdedores.

En la próxima entrega expondré algunas conclusiones.

El autor es exministro de Comercio e Industrias y exembajador de Panamá en Washington


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