Existe una irresponsabilidad compartida entre todos los actores de esta historia minera que hace bastante difícil poder concluir de qué lado se inclinará la balanza.
Es inconcebible que tantos directivos, asesores, contralor y todo el Gabinete aún después de las protestas y advertencias de inconstitucional expuestas durante la limitada “consulta pública” en la Asamblea Nacional, devolvieran el contrato con solo unos retoques desafiando cualquier probabilidad de aplacar el clamor popular. Ni siquiera aprovecharon para rectificar entuertos y exigir a “la concesionaria” una verdadera renegociación antes de devolver el contrato al pleno legislativo y poder así ganar tiempo para calmar las aguas y presentar mayores beneficios al país.
Tampoco reflexionaron sobre la declaración hecha a los medios por el titular del Ministerio de Comercio (MICI), Ramón Martínez, antes de renunciar: “que el MICI no estaba preparado para supervisar una operación minera de gran magnitud”, o la del director de Recursos Minerales, Jorge Pashales, en la resolución #234-2022, que aseveró: “la operación de Minera Panamá en el proyecto minero de Cobre Panamá no está amparada por ningún contrato vigente”, o la del actual ministro, Jorge Rivera, que comunicó en nota MICI #1048-2023 al Procurador de la Administración, Rigoberto González: “que ni el gobierno de Panamá ni el MICI ha firmado documento jurídico alguno que otorga a MPSA [Minera Panamá, S.A.] derechos exclusivos para explotar y comercializar el mineral cobre”, aún así el contrato #406 encontró su camino triunfal en la Contraloría, en el Gabinete y en la Asamblea.
Seguramente habrá otras pruebas que reposen en los archivos de los Ministerios de Comercio, Trabajo, Seguridad Social, Contraloría y Fiscalía Ambiental, las cuales esperamos estén celosamente resguardadas para defender al Estado en las futuras demandas internacionales a las que probablemente tengamos que enfrentarnos. También debiera estar conformado un equipo de defensores patriotas, técnicos en minería, investigadores y auditores independientes, que inicien la compilación de pruebas, testimonios, evidencias y que preparen el camino para enfrentar exitosamente ambos arbitrajes. Recomendaría solicitarle al equipo de especialistas que ha defendido exitosamente los laudos contra el Canal preparar un plan y una ruta de acción. El Gabinete, por su lado, debe asignar los fondos necesarios para la defensa del Estado, consignando una partida, contra la cuenta millonaria de las regalías no declaradas que realizó MPSA en noviembre.
El CEO de First Quantum Minerals (FQM) declara que mantiene buenas conversaciones con nuestro gobierno, pero paralelamente iniciaron dos laudos arbitrales por US$20 mil millones. He leído que los laudos arbitrales se basan primordialmente en: la validez de un contrato, la prescripción del mismo, su legitimación para actuar y las leyes vigentes a la fecha.
Si en todo estado de derecho se aplica la norma que: “el desconocimiento de una legislación no exime de su cumplimiento”, entonces veo difícil que FQM o sus filiales puedan alegar que estaban en desconocimiento de nuestra Carta Magna y de la directa prohibición sobre la propiedad y explotación del subsuelo nacional por empresas o filiales de estados extranjeros.
Si durante la negociación del contrato #406 entre MPSA y el Estado no existía una concesión vigente y si además la concesionaria, en la cláusula décimo novena, reconoció no haber pagado regalías ni impuestos al fisco durante el 2021-22 queda claro que ambas partes incumplieron sus responsabilidades, nunca debieron iniciar la negociación del contrato sin subsanar dichas omisiones. Los jueces y fiscales de la bolsa de valores en Canadá son estrictos en condenar los actos de corrupción, ambientales, conspiración u omisiones cometidos en el país o en el extranjero por empresas o por ciudadanos canadienses.
Entiendo que el código criminal de Canadá en la sección #477.1, establece claramente su autoridad para imponer un castigo más allá de sus fronteras, incluyendo las ofensas u omisiones a las leyes de exploración o explotación de cualquier recurso natural en el extranjero, las cuales son igualmente consideradas ofensas bajo dicho código.
FQM debe conocer mejor que yo todo lo expuesto en mis artículos y quisiera pensar que están iniciando los arbitrajes bajo la presión de sus inversionistas, de las fianzas de garantías y de grandes compromisos adquiridos; tampoco he desconocido las faltas u omisiones cometidas por nuestras autoridades, ni la posibilidad de un contubernio.
Sea como termine esta saga o se decida en un laudo de seguro costará muchos millones y tomará años saberlo, mientras en el tortuoso camino habrán grandes consecuencias y perderemos todos.
Ojalá el gobierno y la empresa minera logren lo antes posible un acuerdo para salvar cara y operar la mina por unos años mientras se restituye el daño ambiental, liquidar las cuentas, vender los equipos, reutilizar para el bien común el puerto y la planta de energía.
Volver a patear la pelota o esperar años que un tercero decida por nosotros para mí representa la peor opción, estoy claro que no habrá ganador, mientras tanto el cuco minero nos acosa a todos.
El autor es exministro de Comercio e Industrias y exembajador de Panamá en Washington
