Durante la pasada campaña electoral, José Raúl Mulino se negó a participar en los debates presidenciales, pero en entrevistas y discursos, cuando se refería a la mina de la canadiense First Quantum, decía que su plan era reabrirla para cerrarla, discurso que se extendió varios meses después de ganar el torneo electoral de mayo de 2024. Nunca creí en su promesa, pues en público había una narrativa, pero en privado, otra completamente opuesta.
Si se debe reabrir o no la mina es un tema que debería llevarse a debate público: abierto, participativo, académico. Pero eso, a estas alturas, es irrelevante en el estreno del segundo capítulo de las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS), pues estas eran solo la apertura de la obra teatral del verdadero plan de Mulino. Su objetivo –ya no tan secreto– siempre fue que ambos proyectos fueran de la mano, uno detrás del otro- Y este jueves lo confirmó.
El presidente mintió en su discurso inaugural del 1 de julio de 2024, cuando se refirió al tema minero: “Hay que respetar las leyes, el fallo de la Corte Suprema de Justicia y el pedido de nuestro pueblo… Ordenaré una estricta auditoría ambiental de la mina […] para que el país conozca la verdad sobre el estado del lugar […] estando abierta o cerrada. […] El plan de abrir para cerrar de forma definitiva, segura y positiva para nuestro país dependerá del resultado de ese estudio ambiental”.
Que yo sepa, no tenemos el resultado de esa auditoría, pero la decisión ya está tomada, como lo dejó ver Mulino el pasado jueves. Esa mina será reabierta porque de allí saldrían los aportes del Gobierno a la CSS. Eso prueba, precisamente, que ambas cosas siempre fueron un solo proyecto, en secreto contubernio. Mulino exigirá, para negociar el nuevo contrato, no sentir la amenaza de arbitrajes de la minera. ¡Suerte con eso! Lo más que ha conseguido es un aplazamiento hasta febrero de 2026. Pero, para entonces, seguramente ya tendremos reabierta la mina.
En el escenario de un nuevo contrato, los términos teóricamente deberían ser favorables a Panamá. Ese sería el plan, pero la negociación no será tan fácil como eso. El Gobierno necesita el dinero de la mina tanto como lo necesita la empresa, pues esta, para sostenerse tras el cierre de sus operaciones, ha tenido que vender parte de sus acciones (18.4%) a la más importante minera de China: la estatal Jiangxi Copper Co., convirtiéndose en la segunda mayor accionista de First Quantum, logrando así un puesto en su directiva. “De lejos, ellos [Jiangxi] han sido el socio más útil para la empresa”, comentó una fuente.
Reportes periodísticos afirman, además, que First Quantum ha perdido cerca de $6 mil millones en capital de mercado desde que la mina suspendió labores en diciembre de 2023, un golpe que representó una pérdida del 40% de sus ingresos. Y digo suspensión porque, tal como dicen sus Estados Financieros Consolidados a diciembre de 2024, “la Corte Suprema no ordenó el cierre de la mina”, sino la inconstitucionalidad de su contrato.
Al examinar la composición accionaria de First Quantum por país, Estados Unidos es el mayor inversor, con el 23.6%, seguido de China. Pero, curiosamente, la minera no revela la composición o identidad de la mayoría de sus accionistas (56.7%). ¿Por qué tiene que ocultarlo? Y no es poca cosa, ya que Canadá pretende contener las inversiones de China en minerales y minería a fin de evitar su creciente dependencia de China en ese aspecto.
Y por el lado de Panamá, se empezó mal con los cuentos del presidente, por lo que no debe esperar total respaldo a su proyecto. Si hubiese dicho públicamente la verdad durante la campaña electoral sobre sus planes con la mina, habríamos tenido más elementos de juicio para elegirlo. Pero se negó a ir a los debates y no nos dijo la verdad, ni siquiera al tomar posesión del cargo. Quizás carezca de importancia para él, pero es difícil creerle después de tanto cuento en un tema que él mismo se comprometió a respetar: “el pedido de nuestro pueblo” de no más actividad minera.
