A pesar de la visión antropocéntrica del mundo, una de las recientes heridas narcisistas de la humanidad lo ha sido que la naturaleza también tiene sus derechos.
Lo dicho trasciende el ámbito de la percepción, ya que lentamente deja de apuntar a nuestro ombligo para transitar hacia una dimensión ecocéntrica, aunque debo llamar la atención sobre el peligro de polarizarnos al interpretar el alcance de este derecho de los que, en sentido contrario, creen en el verde dólar, el cual a pesar de su color y que pueda ser impreso en cantidades industriales, no podremos comerlo como ensalada; y los del verde bosque que en ocasiones cometen el error de encenderle un cirio para adorarla.
Bajo esta mirada normalizadora también llamada biocéntrica, se hace necesario discutir sobre cuál es la concepción jurídica que atiende la relación naturaleza-sociedad bajo principios rectores que faciliten su adecuada gobernanza, porque hemos atendido un reclamo permanente de nuestro derecho humano al uso intensivo de los elementos de la naturaleza como fuente de insumos y vertedero de desechos, que hoy nos obliga legalmente por medio de lo promulgado en la Ley No. 287 del 2022, Artículo 5, que reconoce los derechos de la naturaleza y las obligaciones del Estado relacionadas con estos derechos.
En este sentido pasamos entonces de nuestro derecho a explotarla, a nuestro deber de protegerla indicado en el Artículo 6, de la precitada Ley, cuando dice que: los habitantes deben asistir a las autoridades competentes cuando tengan conocimiento de posibles acciones o hechos que puedan generar riesgo o daño ambiental, una especie de contraloría social del bien natural.
Así, este 5 de junio de 2023 al celebrar el Día Mundial de la Tierra se destaca la preocupación por la contaminación por el plástico y la necesidad de crear un instrumento jurídico global que atienda este problema en todo su ciclo de vida. En este sentido, Panamá ha mostrado importantes avances en su ordenamiento jurídico, ya que entre los años 2018 y 2021 ha promulgado y reglamentado regulaciones dirigidas a reducir y reponer plásticos de un solo uso, creación de incentivos ambientales y planes de acción relacionados a residuos y basura marina, enhorabuena, avancemos hacia una ciudadanía ambiental. Por lo expresado es propicia la ocasión para tomar un mayor nivel de consciencia de que la naturaleza más allá de la crisis climática, no puede gestionarse sin la fuerza de la gente que torne lo que antes era un derecho difuso, en una responsabilidad compartida con múltiples actores e impedir que nuestro país sea una ciudad de plástico, esa que no quiero ver, de edificios cancerosos y un corazón de oropel, parafraseando al maestro Rubén.
Por ello, cabe la pregunta si ¿Como sociedad estamos respetando este derecho de la naturaleza? Es muy cómodo tomar y desechar y como en el inodoro planetario, el agua lo barre todo. Algunos datos relevantes de TNC (siglas en inglés de The Nature Conservancy) y de las Naciones Unidas, indican que cada año se produce a nivel mundial más de 400 millones de toneladas de plástico, de las que entre 19 millones y 23 millones de toneladas terminan en lagos, ríos y mares. Pero como decía el físico austriaco Fritjof Capra, en la trama de la vida todo está interconectado y Panamá también forma parte de la matriz de contabilidad de la contaminación ambiental. Según datos recientes del Banco Interamericano de Desarrollo Panamá genera 192 mil toneladas de residuos plásticos cada año, ocupando un deshonroso segundo lugar como mayor productor de residuos en América Latina. Solo en la capital y zonas circundantes de nuestro país se estima se producen 2 mil 500 toneladas de basura diariamente y que el 30% de ella no se recoge terminando mayormente en calles, ríos y mar, de acuerdo con datos de la Fundación Marea Verde. A pesar del liderazgo regional de nuestro país, sin el consorcio de cada panameño y panameña la naturaleza es indefendible, porque no se trata solo de MiAmbiente, ninguna institución del Estado tiene tal capacidad operativa o regulatoria, ya que por los efectos de la suerte que podría ocurrir por derecho difuso, la denominada legitimidad activa, hace competente a cada ciudadano que desea proteger el medio natural, porque al contrario de como dice la canción, sabemos que el plástico no se derrite si le da de lleno el sol. Hoy el derecho de la naturaleza no se reduce solo a un acto de reciclar nuestros chicles, porque contienen plástico, requiere del ejercicio de una rectoría participativa, y más allá de los alegatos de la naturaleza expresados en la variabilidad climática, usted y yo somos responsables de facilitarle su legítima defensa.
El autor es sociólogo y estudiante de derecho y ciencias políticas
