El índice de Calidad Institucional, publicación anual de la Red Liberal de América Latina (RELIAL), ha sido publicado para el año 2022, y los resultados reflejan la incertidumbre sobre el final de la crisis socio-económica producida por las medidas de aislamiento aplicadas por el gobierno desde el 2020. En el índice, las primeras posiciones son ocupadas por los países con mejores instituciones: Nueva Zelanda, Suiza, Dinamarca, entre otros. En América Latina los mejores países son Chile, Uruguay y Costa Rica. En cuarta posición estamos nosotros, que hemos caído desde la posición 58 en el 2021 a la posición 63 de este año a nivel mundial. Según el Centro Nacional de Competitividad de Panamá, la institucionalidad se define como aquellas reglas formales e informales que incluyen procedimientos y normas de conducta, ya sean morales y/o éticas, y que tienen como objetivo limitar la forma de actuar de las personas con la finalidad de maximizar la riqueza o el bienestar social. ¿Dónde vemos el deterioro de la institucionalidad? En el aumento del desempleo e informalidad, la negligencia de los funcionarios públicos, la deteriorada infraestructura nacional, el bajo nivel educativo, la descarada corrupción por parte de figuras públicas, la extralimitación de funciones de los gobernantes, las intervenciones dañinas a los mercados, la destrucción de las libertades individuales… Todos estos son acontecimientos que sangran sobre el bienestar de un país.
El índice califica dos variables principales: Instituciones de Mercado e Instituciones de Política. Las calificaciones para las primeras usan indicadores del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Heritage Foundation y Fraser Institute sobre la libertad económica, el hacer negocios y la competitividad. Panamá pasó de ser calificado en la posición 53 en el 2021 a la posición 56 este año, pero esto se dio por una escalada de otros países en el índice. Lo relevante de esta variable es que refleja las capacidades del país de poder recuperarse económicamente.
Las calificaciones para las Instituciones Políticas usan indicadores del Banco Mundial, Reporteros sin Fronteras, Freedom House y Transparencia Internacional sobre Estado del Derecho (Rule of Law), rendición de cuentas, libertad de prensa y percepción de la corrupción. Panamá subió en el rango internacional de la posición 78 en el 2021 a la 75 en este año, pero con una menor calificación (lo cual simboliza peores instituciones). Y lo más importante de este eje es que refleja la protección del individuo. Es imperante recordar que como panameños entregamos con facilidad nuestros derechos individuales durante la pandemia, por una medida de aislamiento que tuvo menor efectividad que las medidas de concientización y responsabilidad; y que además fue uno de los motivos de una de nuestras peores crisis económicas con un crecimiento negativo de más del 17%. Otro de los eventos que destruye la institucionalidad política, y que se encuentra aún más presente, es el show de la alcaldía de la Ciudad de Panamá. Tenemos a un alcalde que ha salido a la calle, apoyado por sus subordinados, a amenazar contra el proceso de su destitución orquestada democráticamente. Si estuviéramos en una empresa, despedir a un trabajador que no hace su trabajo es relativamente sencillo. Pero pareciera que nuestro trabajador, al que le pagamos su salario con nuestros impuestos, siente ser, además que es nuestro jefe.
La función de la institucionalidad es simple y esencial: colocar las reglas del juego. En un país con reglas del juego claras, todos los jugadores saben jugar. Esto nos lleva a que un país con instituciones débiles termine lastimando a su pueblo, y por ende, su futuro. El problema de las instituciones débiles afecta nuestro desarrollo multisectorial como país. Lo ideal de un país institucionalmente fuerte es un grupo de ciudadanos con reglas éticas firmes que exigen y reciben garantías primordiales para el bienestar.
La estructura de un país con estas características está basada en el respeto de los derechos individuales, la generación de oportunidades de la población y el seguimiento esquemático de las reglas que eviten la extralimitación gubernamental. Estamos hablando de países donde si un funcionario roba va a la cárcel, donde las mujeres pueden caminar seguras de día y de noche, las calles no tienen agujeros donde se ve el infierno, los hospitales entregan servicios óptimos, las plazas de trabajo son abundantes, hacer negocios es fácil y la confianza predomina sobre las masas.
Porque las instituciones fuertes son las que permiten que la población se levante de cualquier mal, porque sirven de armadura y de medicina, y es la sociedad civil la única capaz de obligar a las instituciones, primero haciendo su papel, a realmente servir.
El autor es miembro de la Fundación Libertad y estudiante de maestría en QLU
