Es indiscutible que la lucha nacionalista de miles de panameños, cansados de la presencia colonial en nuestro suelo patrio y de las humillaciones sufridas durante décadas por parte del ejército de Estados Unidos, así como los sucesos del 9, 10 y 11 de enero de 1964, forzaron la ruptura de relaciones con ese país y condujeron a la firma de los tratados Torrijos-Carter.
Ningún tratado con Estados Unidos habría sido posible sin la toma de conciencia del pueblo panameño y su disposición a sacrificarse, incluso con su vida, de ser necesario. Los compatriotas y estudiantes que marcharon hacia la entonces conocida Zona del Canal para exigir respeto a la soberanía representaron una generación de hombres y mujeres valientes, a quienes describo como “fuera de serie”.
Sin embargo, tras la firma de los tratados que obligaban a Estados Unidos a devolver lo que por derecho nos pertenecía, muchos “empresarios” cercanos a Omar Torrijos vieron una oportunidad de oro para enriquecerse rápidamente. Este patrón se repitió con los expresidentes que asumieron el poder en la era postinvasión.
Se hablaba de cifras multimillonarias que entraban a “nuestras arcas” y que supuestamente serían invertidas en beneficio de “todos”. Pero ese “todos” resultó ser un concepto abstracto. En realidad, unos pocos del círculo cercano de gobernantes y partidos políticos en el poder se beneficiaron con casas y terrenos en las áreas revertidas.
Las juntas directivas de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) siempre han estado integradas por personas con lazos familiares con expresidentes y miembros de la élite económica del país. Jamás he visto en esas juntas a familiares de los mártires del 9 de enero.
A modo de reflexión, comparto un caso personal. Tengo un sobrino, nieto de Adolfo Benítez, uno de los mártires del 9 de enero. Adolfo, quien trabajaba como mensajero en la Presidencia, perdió la vida abruptamente a los 33 años, cuando una bala de un soldado estadounidense lo alcanzó. Adolfo dejó una viuda y cuatro hijas en la orfandad, quienes solo recibieron 20 balboas mensuales como indemnización del “gobierno revolucionario” de Omar Torrijos hasta que cumplieron la mayoría de edad. Imagínense, 20 balboas al mes.
El destino nos envuelve en contradicciones, y una de ellas es que ahora todos los expresidentes defienden la soberanía del Canal y cierran filas. Sin embargo, en varios momentos, cuando tuvieron la oportunidad de ser verdaderos nacionalistas en el poder, no lo fueron. Incluso al presidente Mulino, quien atacó a gobiernos no alineados con Estados Unidos, le “sacaron la tabla” los propios estadounidenses.
Todavía no aprenden la lección: Estados Unidos no tiene amigos, solo socios, y estos son momentáneos. Si el presidente José Raúl Mulino quiere demostrar su nacionalismo, podría empezar por reducir los salarios astronómicos de varios funcionarios de la ACP, revisar la adjudicación de propiedades en áreas revertidas que no se otorgaron de manera transparente y destinar fondos del Canal a combatir la pobreza. Eso es hacer patria.
A muchos les incomoda que quienes no se alinean con el nacionalismo frente a Donald Trump sean considerados malos panameños y se les tache con epítetos. En redes sociales y medios, es evidente la frustración de algunos que sugieren, peligrosamente, que Estados Unidos vuelva a administrar el Canal. Esto no debe ser motivo para descalificar a quienes piensan diferente al gobierno o a otras figuras que ahora se presentan como “nacionalistas”. Más bien, es un llamado a reflexionar sobre todo lo que siempre estuvo mal y que ahora aflora con las pretensiones coloniales de Donald Trump.
El autor es sociólogo.
