La democracia en América Latina vive “tiempos nublados” y está bajo fuerte asedio. El 2023 ha tenido un inicio turbulento. Los graves disturbios en Brasil, el pasado 8 de enero; la profunda crisis que atraviesa actualmente el Perú; y la descontrolada situación de violencia –al borde de la anarquía– que afecta a Haití (cada vez más cerca de convertirse en un Estado fallido) son tres fuertes campanazos de alerta que nos advierten acerca del complejo momento político que vive la región. Pero la lista no se agota en estos tres casos. Es, desafortunadamente, mucho más amplia.
Durante estos últimos cuatro años, América Latina acumula un cuadro económico, social y político desafiante. El 2019 fue el año de las protestas sociales. El 2020 el de la pandemia, las cuarentenas y sus devastadores efectos en cascada en el ámbito de la salud, la economía y lo social. El 2021 alentó la esperanza de que la región dejaría atrás la pandemia y pondría en marcha su recuperación, todo ello acompañado del inicio de un nuevo súper ciclo electoral que, supuestamente, vendría a oxigenar la política. Lamentablemente no fue así, y el 2022 probó ser un “annus horribilis”. En estas condiciones, la región inicia un nuevo año que promete ser, nuevamente, complejo y retador y que anticipa la continuidad de “tiempos nublados” en Latinoamérica.
El escenario internacional es igualmente complejo, caracterizado por una “polycrisis” o “permacrisis”, es decir un momento histórico caracterizado por múltiples crisis globales que se desarrollan al mismo tiempo en una escala casi sin precedentes y que generan un período prolongado de incertidumbre, inestabilidad e inseguridad. Por su parte, la brutal e ilegítima invasión rusa a Ucrania; una agenda geopolítica sobrecargada de puntos calientes; las tensiones crecientes entre Estados Unidos y China; la desaceleración económica; el aumento del costo de vida, la inflación y tasas de interés que pese a su tendencia a la baja continuarán elevadas respecto de los años previos; la reformulación de la globalización; y una muy preocupante recesión democrática, suman mayor tensión. Respecto de este último punto, cabe resaltar el declive que sufre la democracia a nivel mundial. Todos estos eventos impactan, en mayor o menor medida, a nuestra región.
El estado de la democracia a nivel global
El último informe de IDEA Internacional (de noviembre de 2022) “El estado mundial de la democracia: Forjando contratos sociales en tiempos de descontento”, muestra que casi la mitad de las democracias del mundo cubiertas en nuestro estudio (104) están en declive afectadas tanto por amenazas externas como internas. Entre estas, la excesiva concentración de poderes en el ejecutivo; el socavamiento de resultados electorales creíbles; restricciones a las libertades de prensa y persecución a los periodistas; achicamiento de los espacios de la sociedad civil; desilusión de los jóvenes con los partidos políticos tradicionales; corrupción fuera de control; y el surgimiento de partidos de extrema derecha que han polarizado tóxicamente a la política haciendo un uso negativo de las redes sociales.
Los datos también evidencian que el número de democracias en retroceso (backslinding) —aquellas que sufren una erosión más severa— está en aumento. Según el citado informe, de los siete principales países que experimentaron el año pasado los retrocesos más severos, dos están en nuestra región: Brasil (durante el gobierno de Jair Bolsonaro) y El Salvador con la deriva autoritaria del presidente Bukele. Además, en Europa retrocedieron Hungría y Polonia, acompañados de erosiones más moderados en la India, Mauricio y los Estados Unidos (durante el gobierno de Donald Trump). En todos estos casos la democracia no sufre por ataques externos sino que es debilitada desde adentro del sistema por lideres electos democráticamente.
La conclusión es muy preocupante: vivimos el proceso de recesión democrática más agudo de las últimas tres décadas debido a que en muchos países el sistema político está roto, los niveles de confianza en los partidos tradicionales y en las instituciones es muy bajo, y el contrato social ha perdido legitimidad. Consecuencia de ello, la insatisfacción ciudadana y el malestar social crecen rápidamente como lo evidencia el siguiente dato: en los ultimos cinco años, el número de protestas alrededor del mundo se ha multiplicado.
¿Cuales son las principales tendencias a nivel global?
Deseo destacar las siguientes cuatro.
La primera: El número de países que viven en democracia no solo no ha aumentado sino que, más preocupante aún, muchos se encuentran estancados en cuanto a sus capacidades para profundizar sus estándares democráticos y dar respuestas a unas demandas ciudadanas que han crecido por las consecuencias de la pandemia de la Covid-19 y de la guerra en Ucrania. Según el último informe de la Unidad de Inteligencia de The Economist (Índice de la Democracia 2022), solo el 8% de la población mundial vive en democracias plenas. Por el contrario, los regímenes híbridos y autoritarios constituyen 95 de los 167 países y territorios analizados, o sea el 57%.
Segunda: la cantidad de personas que cree que la democracia es la mejor respuesta a los problemas ha disminuido durante el último quinquenio del 52,4% al 47,4%. Asimismo, un 52% ve en un gobierno fuerte y ajeno a la institucionalidad democrática una solución legítima a los problemas (frente al 38% que lo consideraba hace unos años).
Tercera: el número de países que avanzan hacia el autoritarismo es más del doble del número de países que avanzan hacia la democracia.
Y cuarta: Según Freedom House (FH), en 2022 se cumplieron 16 años consecutivos de declive en materia de derechos politicos y libertades civiles. Mientras 60 países sufrieron disminuciones en ambas categorías, solo 25 mejoraron. El 38% de la población mundial vive en paises no libres, el porcentaje más alto desde 1997. Y solo 2 de cada 10 personas viven en países libres.
El turbulento contexto regional latinoamericano
América Latina ingresa al 2023 con un mapa ideológico reconfigurado, con las cinco principales economías – por primera vez en su historia- en manos de gobiernos progresistas de centro izquierda o izquierda. El crecimiento será mediocre: 1.8% promedio regional (FMI) –es decir, 1.1% por debajo del crecimiento mundial proyectado (2.9% según el FMI)- en un contexto de desaceleración, lento retroceso de la inflación y tasas de interés aun elevadas.
La CEPAL proyecta para 2023 un crecimiento algo inferior al FMI, 1.3% promedio regional, y acaba de anunciar que este anémico crecimiento llevará a la región a su segunda década pérdida (2014-2023), la de peor desempeño económico en los últimos 50 años (0,8%). La consecuencia es obvia. El contexto social continuará siendo desafiante con 32% de pobreza, 13% de pobreza extrema, alta desigualdad e informalidad (CEPAL, 2022). Este mediocre crecimiento económico, el alto costo de la vida, el aumento de las tasas de interés para controlar la inflación, los reducidos espacios fiscales y sus consecuencias sociales constituyen una combinación tóxica. De no ser bien manejada por los gobiernos latinoamericanos podría gatillar nuevos estallidos sociales, aumentar la inestabilidad, complicar aún más la gobernabilidad y producir un mayor deterioro o retroceso democrático.
El 2023 estará marcado asimismo por un alto nivel de incertidumbre, inestabilidad y volatilidad. También se prevé un aumento del riesgo político destacando en el top 10 los siguientes: la creciente percepción de inseguridad frente a un crimen organizado cada vez más extendido; el retroceso de democracias asediadas por el populismo, la hiper-polarización y propuestas autoritarias; riesgos de nuevos estallidos de malestar social ante una economía anémica y gobiernos incapaces de procesar de manera oportuna y eficaz las demandas ciudadanas; una crisis migratoria que no cede; y la aparición de temas como la inseguridad alimentaria, el aumento de ataques cibernéticos o la pérdida de competitividad para desarrollar la “economía verde”. Todo ello en una región que sufre de un “eclipse diplomático” que le resta visibilidad y protagonismo en el escenario global (Informe de Riesgo Político LATAM 2023 editado por Jorge Sahd, Diego Rojas y Daniel Zovatto). La situación de los derechos humanos y la libertad de expresión continuarán bajo amenaza. En varios países de la región anticipamos que estos problemas continuarán presentes o, peor aún, con tendencia a agravarse.
Esta combinación, por un lado, de “sociedades fatigadas”, “calles calientes” y “urnas irritadas” y, por el otro, la brecha entre la magnitud y complejidad de los problemas a resolver y la menguada capacidad de los gobiernos y de los estados para dar respuestas oportunas y eficaces a los mismos, colocan a la gobernanza y gobernabilidad en el centro de la agenda regional. Por su parte, el populismo, el sentimiento anti-elite y el nativismo xenofóbico -este último como reacción a los crecientes flujos migratorios-, amenazan con socavar las democracias de la región.
La abultada agenda electoral
El calendario electoral será intenso. Destacan tres elecciones generales: Paraguay, Guatemala y Argentina. También tendrán lugar elecciones locales y una consulta popular en Ecuador; el segundo tiempo constitucional chileno (con una elección de consejeros y luego un plebiscito de salida); elecciones en los estados de México y Coahuila en México; elecciones locales en Colombia, y, eventualmente, el inicio del proceso electoral peruano si es que las elecciones generales se celebran en abril de 2024 o incluso antes, en 2023, dependiendo de cómo evolucione la crisis política. También tendrán lugar varios procesos de elecciones primarias o internas, entre otros países en Argentina, Panamá, República Dominicana y eventualmente en Venezuela.
En Paraguay (30 de abril) la contienda estará centrada entre el candidato oficialista del Partido Colorado, Santiago Peña (cercano al ex presidente Horacio Cartes) y el candidato de la concertación opositora que reúne a varias fuerzas políticas, Efraín Alegre (del partido Liberal Radical Auténtico). El oficialismo parte con ventaja, pero podría haber sorpresa.
En Guatemala, las elecciones del 25 de junio podrían brindar una oportunidad de mejora o, caso contrario, acelerar el deterioro democrático y social que sufre actualmente el país. El proceso tendrá lugar en un contexto con pocas garantías y con una autoridad electoral con baja credibilidad. Las encuestas ubican, de momento, a las opositoras Zury Ríos (conservadora) y Sandra Torres (populista de centro) encabezando los sondeos y Manuel Conde, el candidato oficialista, muy lejos de ambas. Desde la izquierda destaca la candidata indígena Telma Cabrera. No se descarta que similar a 2015 y 2019 surja a último momento un candidato sorpresa.
Y en Argentina (octubre), el panorama sigue abierto tanto del lado del gobierno como de las oposiciones. No está claro si la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner -que fue condenada por corrupción en primera instancia, a 6 años de cárcel e inhabilitación permanente para desempeñar cargos públicos- buscará la presidencia. Tampoco está definido si el presidente Alberto Fernández intentará ser reelecto (el balance de su gestión es claramente negativo) o si dará un paso al costado para apoyar otro candidato, (el actual ministro de Economía, Sergio Masa, dependiendo de la marcha de la economía, o alguna figura del peronismo o del kirchnerismo). Tampoco hay claridad acerca de quién liderará el sector opositor de Juntos por el Cambio Existen varias figuras, entre ellas el propio expresidente Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y algunas figuras del radicalismo. Un tercer interrogante es hasta donde crecerá el candidato anti-casta de derecha Javier Millei y si correrá por su cuenta o en alianza con algún sector de la oposición. Lo más probable es que haya cambio (nueva alternancia, por tercera vez en 12 años) con inclinación al centro derecha o derecha.
De estos procesos importa monitorear tres tendencias: 1) si se mantendrá el voto de castigo a los oficialismos (que marcó el período electoral 2019-2022); y 2) si seguirán triunfando los gobiernos progresistas o veremos un cambio de ciclo político favorable a gobiernos de centro derecha o o derecha; y 3) si se mantendrán los altos niveles de polarización tóxica promovidas por el uso desvirtuado de las redes sociales y campañas de contaminación informativa. No hay que descartar en algunos de estos países ataques a los organismos electorales, denuncias de fraudes y desconocimiento de los resultados.
La situación actual de la democracia y las principales tendencias a nivel regional
Sin perjuicio de algunas diferencias, los principales informes sobre la calidad de la democracia en América Latina alertan de un proceso de estancamiento, erosión, deterioro o incluso de retroceso, dependiendo del país en cuestión.
El balance regional es claramente negativo, mostrando un declive democrático, gradual pero constante, desde los años 2006-2007 a la fecha. Me incluyo entre los analistas que, con sólida evidencia, consideramos que la democracia en nuestra región atraviesa su peor momento desde fines de la década de los años ochenta del siglo pasado.
Debido a la limitación de tiempo que tengo para hacer mi exposición, deseo compartir brevemente con ustedes las 10 principales tendencias que observo en relación con el estado actual de la democracia en nuestra región.
Alto grado de heterogeneidad en materia de regímenes políticos y bajo puntaje en materia de calidad de la democracia. De acuerdo al Índice de la democracia 2022 de la Unidad de Inteligencia de The Economist (publicado en febrero 2023), la región latinoamericana vuelve a sufrir un descenso, el séptimo año consecutivo, pasando de un puntaje de 5.83 a 5.79, el más bajo desde que inició la medición en 2006. De los 20 países de la región, tres califican como democracia plena. Uruguay -casi siempre- y Chile y Costa Rica que entran y salen de esta primera categoría según el año de medición. Otros cinco países son calificados como democracias defectuosas: Argentina, Brasil, Colombia, Panamá y República Dominicana. Ocho países son considerados regímenes híbridos: El Salvador, Guatemala, Bolivia, Paraguay, Honduras, Ecuador, México y Perú. Por su parte, cuatro países son clasificados como regímenes autoritarios: Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití (este útilmente convertido en un Estado fallido). En el Índice de 2022, los países que impulsan la caída del promedio regional son Haití, El Salvador, México, junto a Perú y Brasil que registran descensos más modestos que los tres primeros. Pese a este descenso, América Latina sigue siendo la región con el puntaje promedio más alto fuera de América del Norte y Europa Occidental. Resumiendo: solo el 4% de la población latinoamericana vive en una democracia plena, el 45% habita en regímenes híbridos o autoritarios, y el 62% reside en países cuyo puntaje disminuyó en 2022. En términos de subregiones, la calidad de la democracia en los países centroamericanos y en México es inferior al promedio de los países de América del Sur. De los cinco principales indicadores que contiene el Índice, América Latina supera al promedio global en cuatro de ellos (proceso electoral y pluralismo; funcionamiento del gobierno; participación política; y libertades civiles) excepto en el indicador de cultura política. Esta última dimensión y la baja capacidad estatal son dos de las principales causas de los bajos puntajes de la región.
Pese a la resiliencia mostrada por las democracias, durante la pandemia y en los últimos años, casi la mitad de ellas han experimentado un proceso de erosión en sus componentes básicos. Según el Informe de IDEA Internacional, Brasil -durante el gobierno del ex presidente Bolsonaro- registra el número más alto de subatributos que han experimentado declives; país que ha venido atravesando un proceso gradual, constante y creciente de retroceso democrático desde 2016 a la fecha. La democracia peruana viene sufriendo asimismo un importante proceso de tensión y erosión que la ha convertido en un régimen híbrido (The Economist). Por su parte, dos regímenes híbridos han ahondado sus rasgos autoritarios: El Salvador y Guatemala. Bolivia en 2020 y Honduras en 2021 vivieron procesos electorales positivos pero ambos siguen siendo considerados regímenes híbridos. México también ha descendido a la categoría de régimen híbrido como consecuencia de la ofensiva de Andrés Manuel López Obrador en contra del INE (Instituto Nacional Electoral), los permanentes ataques a periodistas, medios y académicos que son críticos de su gestión, y la creciente militarización de la seguridad y de la economía.
Si la situación actual del estado de la democracia es preocupante, la tendencia de declive democrático es aún más preocupante. Un balance de la evolución del estado de las democracias en la región con un horizonte temporal más amplio, muestra que durante los últimos 15 años, la región perdió 11 democracias: tres degeneraron al autoritarismo (Venezuela, Nicaragua y Haití) uniéndose a Cuba, y ocho descendieron a la categoría de regímenes híbridos (El Salvador, Guatemala, Bolivia, Paraguay, Honduras, Ecuador, Perú y México). En otras palabras, en los últimos tres lustros, 11 países han dejado de ser democracias. El resultado de esta tendencia es alarmante: el mapa político latinoamericano muestra 12 países no democráticos (los 11 mencionados más Cuba) mientras solo 8 aún mantienen esa condición: 3 como democracias plenas y 5 como democracias imperfectas. El contraste con el pasado es dramático. En 2008, el mejor año de la calificación promedio del nivel de democracia, la región contaba con 2 democracias plenas, 14 democracias imperfectas, 3 regímenes híbridos y solo 1 autoritario. En otras palabras, mientras hace 14 años solo el 20% de los 20 países de la región eran considerados no democracias, actualmente son el 60%. (Índice de la democracia. Unidad de Inteligencia, The Economist, 2023).
Respecto de este último punto, vemos con creciente preocupación cómo los regímenes autoritarios y los regímenes híbridos se han venido afianzado, enfrentando niveles bajos o medios de resistencia (pero a todas luces insuficientes para impedir su deriva autoritaria) combinados con altos niveles de impunidad.
Constatamos un nivel creciente de ataques a los medios de comunicación y periodistas, a los defensores de los derechos humanos, a líderes sociales y defensores del medio ambiente. En 2022 de los 67 periodistas asesinados en el mundo, 30 tuvieron lugar en nuestra región: 13 en México, 7 en Haití y 5 en Honduras. A ello debemos sumarle el acoso, intimidación y persecución a los periodistas y medios; el encarcelamiento de numerosos periodistas; el cierre y confiscación de medios; la necesidad de muchos periodistas de tener que exiliarse para no ser detenidos o asesinados; el uso de manera discrecional de la pauta publicitaria oficial; el empleo de troles y de spyware, una nueva forma de espionaje electrónico (Pegasus, Predator y otros programas); conjunto de amenazas y ataques que provienen del crimen organizado pero también de gobiernos que no toleran el control legítimo del poder que hacen los medios. Estos ataques a la libertad de expresión y de prensa constituyen el “canario en la mina”, que alerta de manera temprana los riesgos inherentes a un gradual deterioro democrático y un avance autoritario.
Otra tendencia negativa que observamos son los frecuentes ataques a la independencia de los poderes judiciales, a los órganos autónomos de control y, últimamente, a los organismos electorales. Respecto de este último punto destacan, por su gravedad, los casos de Brasil, México y Perú.
Los datos de cultura política son igualmente preocupantes. El nivel de apoyo (según el LB 2021) se encuentra en uno de sus niveles más bajos de las últimas dos décadas, 49% a nivel regional (Latinobarómetro 2021). Pero más preocupante aún es el incremento del nivel de indiferencia entre gobierno autoritario y gobierno democrático (27% promedio regional) y el hecho de que al 51% de las y los latinoamericanos (promedio regional) no le importaría un régimen no democrático si le resuelve los problemas. A ello debemos sumarle el marcado aumento de la insatisfacción con la democracia (por encima del 70% promedio regional) y la percepción de que se gobierna en beneficio de unos pocos y poderosos (73% promedio regional).
Otra tendencia muy grave son los niveles de hiper-polarización política tóxica y el mal uso de las redes sociales que mediante noticias falsas y discursos de odio provocan una contaminación informativa durante los procesos electorales y una peligrosa fractura de las sociedades. Según el Democratic Report 2022 de V-Dem, entre los 13 países con mayor crecimiento de sus niveles de polarización (+3.5) en la última década, 5 son de las Américas (Brasil, Bolivia, Perú, Nicaragua y Estados Unidos). Cerca a ellos aparece México.
Otros dos fenómenos que afectan a la calidad de la democracia presentan tendencias igualmente negativas: la corrupción y la inseguridad. Respecto de la primera, el reciente Indice de Transparencia Internacional 2023 sobre percepción de la corrupción, evidencia un estancamiento en la lucha contra este flagelo tanto a nivel global como regional latinoamericano. El puntaje promedio para nuestra región se mantiene en 43 puntos por tercer año consecutivo. Solo 3 países están por encima de los 50 puntos: Uruguay (74 puntos), Chile (67) y Costa Rica (54). El resto de los países salen nuevamente aplazados en la lucha contra la corrupción. Cabe desatacar que 5 de los 30 países peor calificados se encuentran en nuestra región: Guatemala, Honduras, Nicaragua, Haití y Venezuela. En relación con el segundo fenómeno -inseguridad- apuntar que América Latina con solo el 8% de la población mundial concentra más del 30% de los crímenes a nivel mundial, lo cual la convierte en una de las regiones más violentas y, al mismo tiempo, más desiguales del mundo. Venezuela ocupa el primer lugar con 40.9 homicidios por cada 100 mil habitantes y Honduras la segunda posición con 38.6 homicidios. 38 de las 50 ciudades más violentas se encuentran en nuestra región, y los 8 primeros lugares de la lista son ocupados por ciudades mexicanas (Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal). El riesgo político asociado al crimen organizado y otras formas de violencia ha aumentado significativamente en los últimos años por su carácter transnacional. Ya no se concentra, como en el pasado, en México, Colombia y América Central sino que tiene presencia en la mayoría de los países de la región.
Constatamos un debilitamiento del consenso regional a favor de la democracia -que si existía hace dos décadas y que permitió en 2001 adoptar la Carta Democrática Interamericana-; debilitamiento que viene acompañado de una desactualización de los mecanismos regionales de promoción y defensa de la democracia para dar respuestas oportunas y eficaces a las amenazas provenientes de un nuevo tipo de autoritarismo.
Otras dos tendencias demandan atención prioritaria, las cuales debido a la limitación de tiempo solo puedo mencionarlas: 1) el debilitamiento del estado de derecho, quizás la asignatura pendiente más importante de muchas de nuestras democracias. Solo 3 países (Uruguay, Costa Rica y Chile de nuevo) están entre los 33 mejores países en materia de estado de derecho, pero todos los demás países están del puesto 59 para atrás (World Justice Project 2022); y 2) el uso creciente de las fuerzas armadas en varios países para tareas y funciones que no le son propias, entre ellas para el combate del crimen organizado y narcotráfico, con el consiguiente riesgo que ello implica en materia de derechos humanos, militarización de la seguridad y sus impactos negativos para la calidad de la democracia. Hoy 10 de los 31 que más sufren al crimen organizado están en América Latina (GITOC 2022).
Pese a este cuadro regional dramático no todo es negativo. Durante los últimos años hemos visto desarrollos positivos que permiten abrigar esperanza y que constituyen áreas sobre las cuales podemos y debemos trabajar para construir una sólida línea de defensa democrática.
Entre ellas cabe mencionar: la resiliencia de la democracia en contextos muy desafiantes; la celebración ininterrumpida del calendario electoral en la región -aún durante la pandemia- reafirmando de este modo que las elecciones son la única via legítima de acceso al poder; el compromiso de procesar las crisis políticas con apego a la Constitución; la búsqueda de canalizar la protesta social por vías institucionales como ocurre en Chile con los trabajos para redactar una nueva constitución; una ciudadanía empoderada y activa, con alta presencia de jóvenes, que reclama y defiende en las calles sus derechos y demandas; los avances logrados en materia de derechos de las mujeres, de grupos LGTBIQ+, de pueblos indígenas y afrodescendientes; la puesta en marcha en Centro América y el Caribe de una alianza en favor de la democracia conformada por Panamá, Costa Rica y la República Dominicana (a la que se acaba de asociar Ecuador) y, sobre todo, la lucha valiente y en condiciones muy difíciles y peligrosas, de periodistas, defensores de derechos humanos y lideres sociales y ambientales –a un costo humano y profesional enorme- en favor de los derechos humanos, la libertad de expresión y la democracia.
A modo de conclusión
La democracia en América Latina muestra signos combinados de resiliencia y de deterioro. Ante los impactos concurrentes de las múltiples capas de crisis, el escenario para los próximos años se presenta complejo y desafiante. Hay que prepararse para enfrentar “tiempos recios”.
Latinoamérica ha sido la región más castigada por la pandemia de la Covid-19, que ha dejado una herencia envenenada en materia de desarrollo humano y retraso económico. La desconfianza ciudadana generalizada con respecto a las élites, las instituciones y el sistema político en su conjunto ha permeado las relaciones interpersonales y ha afectado a las organizaciones sociales debilitando a la democracia.
Esta sufre además el asedio de líderes populistas y autoritarios que, una vez que llegan al poder vía elecciones, la corroen desde dentro. La crisis político-institucional y de gobernanza que aqueja a nuestras democracias es de las más desafiantes desde el inicio de la Tercera Ola democrática hace ya 45 años. De ahí la importancia de fortalecer no solo la legitimidad de origen, sino también la legitimidad de ejercicio, tal como prescribe la Carta Democrática Interamericana.
¿Qué hacer frente a este cuadro regional complejo y retador?
No hay lugar para un pesimismo paralizante ni para una lectura complaciente. La amenaza a la democracia, su deterioro y o retroceso son reales y no deben ser subestimados. El tamaño del desafío exige una reflexión profunda y poner foco en las siguientes siete prioridades dirigidas a proteger, fortalecer y repensar a la democracia.
Primero, tomar conciencia de la gravedad del momento actual, y actuar con sentido de urgencia y brújula en mano para evitar que el malestar en la democracia se convierta en malestar con la democracia.
Segundo, mantener y fortalecer la resiliencia electoral para garantizar la legitimidad de origen. Para ello es crítico blindar a los organismos electorales de los crecientes ataques provenientes del Ejecutivo, así como de partidos políticos oficialistas o de oposición. Igualmente, es importante complementar la legitimidad de origen con la legitimidad de ejercicio –con división de poderes- cumpliendo con los principios establecidos en los artículos 3 y 4 de la CDI.
Tercero, recuperar la centralidad de la política, restablecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones -partidos políticos y congresos- y en las élites políticas y abrir nuevos canales de escucha, participación y deliberación ciudadana, dando espacio a los jóvenes, las mujeres y grupos minoritarios. Es preciso re-imaginar el papel de la ciudadanía, agregándole a su condición de electorado otras dimensiones de carácter participativo y deliberativo que le permitan tener un protagonismo, mayor y más frecuente, en los procesos de toma de decisión y en la elaboración de políticas públicas.
Cuarto, Fortalecer el estado de derecho para la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión, pero también para luchar con eficacia en contra de la corrupción e inseguridad ciudadana y poner fin a la impunidad.
Quinto, fortalecer la gobernanza y la gobernabilidad, acompañando a la democracia de buen gobierno y de un Estado moderno, robusto y estratégico con capacidad de dar resultados concretos y oportunos a los problemas reales de la gente.
Sexto, Avanzar hacia una democracia de nueva generación, más inclusiva y resiliente, verde y digital. Atender la dimensión social de la democracia, renegociar los contratos sociales y reducir los altos niveles de desigualdad. Para ello es preciso repensar cómo la democracia puede brindar respuestas tanto a los viejos como a los nuevos desafíos que enfrenta la región, con el fin de evitar que las reservas democráticas se agoten.
Séptimo, a nivel regional es necesario actualizar y reforzar los mecanismos de protección de la democracia -con foco en la Carta Democrática Interamericana- para que complementen y apoyen a aquellos existentes a nivel nacional. Hay que generar un nuevo consenso regional, de ancha base política, a favor de la defensa de la democracia, procesos electorales con integridad, respeto a los derechos humanos, libertad de expresión y plena vigencia del Estado de derecho.
Esta es la agenda que América Latina necesita poner en marcha, dirigida a repensar la democracia, revalorizar la política, acelerar la innovación política-institucional, fortalecer los mecanismos de participación y deliberación ciudadana e incorporar de manera inteligente las nuevas tecnologías digitales en la política, todo ello con el objetivo de recuperar la confianza ciudadana y, al mismo tiempo, fortalecer la gobernanza de las sociedades complejas del siglo XXI.
Para dar respuesta a estos múltiples desafíos y, al mismo tiempo, aprovechar las nuevas oportunidades de crecimiento e inversión que se le abren a la región, en especial en alimentos, energía, minería y nearshoring los gobiernos deberán consensuar e implementar reformas que respondan a las exigentes demandas ciudadanas sin afectar seriamente la macroeconomía, el equilibrio fiscal y el clima de negocios.
Los mandatarios deben aprender asimismo a gobernar en contextos de alta complejidad, incertidumbre y volatilidad, a recuperar la confianza perdida y manejar expectativas, a producir resultados para dar respuesta a aquellas ,así como a nuevas demandas de una ciudadanía cada vez más empoderada y exigente. Caso contrario, como venimos observando en varios países de la región, el malestar ciudadano puede provocar el regreso de estallidos sociales, una nueva ola de populismo autoritario, mayor polarización, y un incremento del riesgo político, inestabilidad y crisis de gobernabilidad, agravando el deterioro o, peor aún, profundizando el retroceso democrático.
Frente a todo ello, como bien aconsejaba Albert O. Hirschman, hoy más que nunca es preciso “poner foco en lo posible más que en lo probable”. No hay tiempo que perder.
El autor es Director regional de IDEA Internacional.
Conferencia impartida en el Foro Internacional sobre Democracia y Libertad de Expresión
