Podríamos hacer una lista de sus fracasos, y además ponerle nombre y apellido a cada uno de ellos, pero eso sería poco serio, casi que sumarse al deporte nacional que es la queja parasitaria. No sirve de nada. Es destructiva, sin efecto constructivo alguno.
La culpa del fracaso de este Gobierno, al igual que la del anterior, ad infinitum, es la sociedad … ¡somos todos nosotros! Hemos sido observadores demasiado pasivos, hemos sido demasiado tolerantes frente a la falta de transparencia, la corrupción o el robo de los fondos públicos.
Incluso, si leemos los resultados de la encuesta que publica en redes “propositopanama.com”, el 83% de nosotros nos confesamos “insatisfechos con la democracia, 87% de nosotros decimos que los partidos “no funcionan bien” y, - ¡oigan esto! - 53% decimos sin vergüenza: “no me importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas”.
Leamos esto una y otra vez, y veamos hasta dónde ha llegado nuestro cinismo e ignorancia, y total falta de sentido de responsabilidad y de ciudadanía. Estamos hablando de que a más de la mitad de la población la tiene sin cuidado perder la democracia.
¿Y tenemos entonces alguna duda de quiénes somos los responsables del fracaso del gobierno saliente?
Estamos frente a una nueva elección para escoger presidente, diputados, alcaldes y representantes.
Iniciemos el cambio que tenemos que dar nosotros, los responsables. Cambiemos la pregunta. En vez de preguntarnos quién tiene la mayor posibilidad de ganar para montarnos a ese carro… y sentirnos ganadores, modifiquemos la pregunta a: ¿cuál de los candidatos es el que tiene la menor cantidad de compromisos, y por ende tiene la mayor posibilidad de producir cambios disruptivos y necesarios para iniciar un nuevo impulso a la democracia de ciudadanos que requiere nuestro país, hoy a la orilla del barranco democrático?
Al contestarse esta pregunta vote por su respuesta, a sabiendas de que será el primer paso de corrección necesario. La salvación de la democracia no la produce una elección, por más importante que sea.
De allí en adelante nos toca a usted y a mí ejercer una ciudadanía militante para criticar todo lo que se salga de los parámetros de construcción permanente de la democracia de ciudadanos.
Mantengamos a quien salga elegido fiel a sus promesas desde su primer día de gobierno, cuéstenos lo que nos cueste. Nada de paralizar acciones necesarias por estar “midiendo consecuencias”.
No hay peor consecuencia que – por falta de firmeza y valentía- condenar a nuestros hijos, nietos (y en nuestro caso bisnietos) a la autocracia...y a andar huyendo de país en país buscando lo que sus padres y abuelos no se atrevieron a defender en el suelo patrio.
Tenemos que comprender cuál es nuestro “chip”. Nosotros los ciudadanos somos la base, la fundación de la democracia. Los gobernantes temporales son los servidores públicos que nosotros pusimos en sus puestos.
Nosotros tenemos la obligación de cumplir con la auditoría y veeduría permanente de sus funciones como servidores públicos, y de lograr–si son funcionarios nombrados y no cumplen – que sean despedidos por la presión pública, y si son electos, votarlos (botarlos) por vía electoral.
La democracia de ciudadanos, sin duda, es la mejor de los defectuosos sistemas de gobierno. Lo es porque está basada en la libertad, donde todos tenemos voz. Usémosla todos los días, como ciudadanos y dueños del poder que somos ¡a tiempo completo!
PD: Decir “No a la mina” es negar una realidad. La mina existe, la inversión de $1,000 millones existe, los 7,000 empleos directos bien pagados y los 32,000 empleos indirectos existen y, la operación minera existe desde hace 6 años.
Lo que la mayoría quiere – y me incluyo – es que la Asamblea devuelva el contrato para completar la negociación y eliminar todas las cláusulas irritantes y otras probablemente inconstitucionales, producto de negociar con un gobierno inepto, oscuro y con conflictos de intereses obvios.
Completar la necesaria contratación será tarea del próximo gobierno, sea cual fuere. El actual no tiene la credibilidad ni la capacidad política para lograrlo.
Seguir insistiendo este gobierno en el contrato de la mina y la ley de transparencia es, entre otras cosas, completar su suicidio político.
El autor es presidente fundador de La Prensa
