Desconozco en este momento la posición del nuevo gobierno con relación a la participación panameña en el Parlamento Centroamericano (Parlacen). Sin embargo, si el interés es iniciar una posible salida, debe establecerse una hoja de ruta, entendiendo que este tema no fue incluido en la campaña del partido RM por razones obvias. No obstante, ante aparentes cambios positivos en la postura del presidente electo, desde el gobierno podrían tomarse algunos pasos, como instruir a la Cancillería para iniciar conversaciones bilaterales con los miembros del Parlacen y así transmitir nuestra intención de salir.
Asimismo, se deberá comprometer al resto de los partidos políticos desde el poder para que sus representantes electos desarrollen una iniciativa interna para retirarnos. Son un conjunto de acciones que debemos llevar a cabo como Estado soberano, demostrando una fuerza mayoritaria y coincidente para lograr esa salida. La Corte Suprema de Justicia sugirió en el fallo que declaró inconstitucional nuestro anterior retiro del Parlacen que este sea a través de una enmienda a la convención que incluya la salida unilateral. Esto solo se logrará teniendo a la mayoría (si no a todos) de los diputados panameños dispuestos a solicitarla y que logren convencer al resto de sus colegas centroamericanos no solo de aprobar la enmienda, sino de afirmar que la misma es para iniciar el proceso de retiro.
Recordemos que el Parlacen no incluye una cláusula de salida unilateral para sus miembros, razón por la cual la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la salida panameña promovida en el gobierno de Ricardo Martinelli. Al no existir esta posibilidad de retirarnos unilateralmente, la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados establece en el acápite b del artículo 54 que el retiro puede darse por consentimiento de todas las partes después de consultar a los demás Estados contratantes. Es decir, el miembro cuya intención sea salirse del Parlacen deberá convencer al resto para que estos autoricen su salida por unanimidad. Por ende, el consentimiento de las partes se otorgaría a través del convencimiento que adquieran de quien desee retirarse, reforzando la intención con una serie de actos soberanos o ejercicios políticos en el ámbito interno, los cuales serían:
1. Exigirle a la Cancillería panameña el supuesto protocolo de reformas aprobado por el Parlacen el 24 de mayo de 2023, según lo dicho en la nota A.J.-MIRE-2023-0737837 de 18 de septiembre de 2023 del director de Asuntos Jurídicos Internacionales y Tratados de la Cancillería, dirigida al hoy diputado Ernesto Cedeño. A estas alturas, la Cancillería panameña debe tener esta información y darla a conocer a la ciudadanía, para efectos de saber si estaría incluida en ese protocolo de reformas la posibilidad de una salida unilateral.
2. Desarrollar una serie de iniciativas con todos los diputados panameños, miembros del Parlacen, en la que se comprometan públicamente a iniciar ese proceso de retiro.
3. Organizar un plebiscito sobre el particular para reforzar el mensaje de Panamá como Estado soberano, de resultar la consulta a favor de la salida. Estos actos soberanos de derecho interno nos permitirían fortalecer nuestros argumentos para retirarnos, ya sea a través de una enmienda al tratado constitutivo que incluya la posibilidad de la salida unilateral o bien para lograr el consentimiento de todas las partes después de consultar con los Estados contratantes.
El cabildeo parlamentario que inicien los diputados panameños en el Parlacen para empujar una salida debe ir acompañado por actos soberanos de derecho interno, liderados por el Ejecutivo y un buen equipo de política exterior, frente a una atinada y eficaz labor diplomática. Pero cabe la pregunta: ¿Está dispuesto el gobierno entrante a efectuar estos actos soberanos que nos permitirían fortalecer nuestros argumentos para salir, ya sea a través de una enmienda al tratado constitutivo que incluya la posibilidad de la salida unilateral o bien para lograr el consentimiento de todas las partes después de consultar con los Estados contratantes?
No dudamos que el Parlacen es un sujeto de derecho internacional público, bajo el amparo del artículo 4 de la Constitución, según el cual Panamá acata las normas del derecho internacional. Su labor de cobijar el proceso histórico de integración centroamericana es loable, entendiendo además la coyuntura política e imagen internacional de Panamá al momento de ingresar, sobre todo frente a los países latinoamericanos. Pero su norte y objetivo han sido desvirtuados a través del tiempo. Su protagonismo ha girado más, desde el punto de vista panameño, en torno a promover la impunidad de políticos corruptos, incluyendo delincuentes confesos y condenados. Además, las políticas públicas aprobadas a través de los años en el Parlacen, para ser expedidas y ejecutadas en sus países miembros (de ser positivas, realistas y necesarias), en el caso de Panamá no se conocen. Menos se conoce si, de haber sido acogidas por nuestros diputados en el Parlacen, llegaron a la Asamblea Nacional para ser consideradas como iniciativas legislativas. Como queda dicho, los resultados o beneficios tangibles, desde el punto de vista social y económico, se desconocen. Y el hecho de que sus decisiones no sean vinculantes, con igual o mayor razón los diputados panameños deben informarnos sus ejecutorias. Pero la rendición de cuentas es nula, ante una Cancillería que no se las exigía. ¿Estamos dispuestos los panameños a que esta situación continúe, de manera que el Parlacen siga siendo un refugio para convictos, confesos y acusados por la justicia? Espero que no.
El autor es abogado.
