La historia siempre nos brinda lecciones. Por ello es preciso recordar lo sucedido durante esos primeros años del siglo XXI, cuando iniciaba su andadura una ley que puso luz en los oscuros recovecos de la Administración Pública con el objetivo de darle poder al ciudadano y fortalecer la democracia.
La Ley 6 de 2002 nació porque fueron muchas las voluntades que la hicieron posible, y porque fueron muchos los que participaron en su discusión y análisis. Fue un proceso altamente democrático para una ley vital para la democracia.
Una ley que nació también con enemigos; los de siempre, los que se sienten a gusto en la oscuridad y no toleran el viento fresco de la transparencia. Desde la Presidencia, por ejemplo, quisieron matarla con un decreto que la desvirtuaba, pero la persistencia de muchos permitió que siguiera viva y se fuera fortaleciendo.
Un actor clave esos días fue la Defensoría del Pueblo que dirigía en aquellos años el abogado Juan Antonio Tejada, quien se empeñó en empujar su implementación, teniendo como fundamento que el derecho de petición constituye un derecho humano que debe ser protegido.
Lo que hizo al respecto la Defensoría de Panamá y cómo lo hizo, fue recogido en el documento “Manual de buenas prácticas institucionales de las Defensorías de Iberoamérica” publicado en 2004.
“…la Defensoría decidió dar a la opinión pública un anticipo de lo que luego debería ser la práctica aplicación de la ley propuesta. Esta decisión consistió en publicar en la web de la Defensoría el estado de gastos incurridos por la Institución desde su creación en 1997. En noviembre de 2001, todos los ciudadanos tenían ya acceso desde internet a la lista de cheques pagados a proveedores de bienes y servicios de la Defensoría…. El día 10 de enero, aún sin entrar en vigor la Ley, el Defensor del Pueblo amplió esta información incluyendo la lista de servidores que prestan sus servicios en la Institución, con indicación de sus salarios y gastos de representación…”.
La Defensoría del Pueblo dio el ejemplo al país y facilitó el camino poniendo a disposición el sistema tecnológico que había creado, para que las instituciones pudieran cumplir con las exigencias de la nueva legislación. Así nació el Nodo de Transparencia de la Administración Pública, que concentró en un solo sitio toda la información que producían las instituciones.
La Ley 6 entró en vigencia después de un rocambolesco episodio de escandalosa corrupción que permitió destrabar la sanción presidencial. Después vendría el ya citado reglamento, y un constante boicot por parte de un funcionariado temeroso de que sus acciones quedaran expuestas. La Defensoría del Pueblo siguió jugando un papel clave acudiendo a la Corte Suprema para hacer valer la ley.
Así llegamos al real peligro de retroceder que enfrentamos hoy, debido a un proyecto de ley que se discute estos días en una subcomisión de la Asamblea Nacional, con el que se pretende sustituir completamente la Ley 6 de 2002. Un proyecto que, a diferencia de la original, no fue el producto de una amplia discusión ciudadana, ya que la señora Elsa Fernández y su equipo de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), se limitó a realizar una consulta por correo electrónico que nunca se convirtió en presencial. No se supo el resultado de las consultas y nadie vio el proyecto hasta que llegó a la Asamblea.
Algunos funcionarios lo han defendido alegando que fue un compromiso del hoy presidente Laurentino Cortizo, cuando firmó el Reto por la Transparencia que propuso la Fundación Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional.
No es cierto. El citado reto contenía el compromiso de cumplir y reforzar la Ley de Transparencia y reformar la ley de Antai para darle verdadera independencia, alejándola del modelo actual que ha convertido a la institución en un ente político que protege las actuaciones de los funcionarios como ha quedado evidenciado más de una vez, pero con especial claridad cuando calificó la foto del diputado Benicio Robinson como dato biométrico, multando a este diario por publicarla.
La ley que crea la Antai no se ha tocado y, por el contrario, con el cambio propuesto a la ley de transparencia, la institución se convierte en la cabeza de una burocracia adicional que dificultará el camino ciudadano para obtener información de una entidad pública. La Antai pasa a ser “órgano garante”, como una nueva instancia de reclamo administrativo, lo que constituye un despropósito siendo ella misma parte del Órgano Ejecutivo.
Los retrocesos van desde la citada burocratización del proceso, pasando por el aumento de los temas que dejan de ser de acceso público, la rebaja de las sanciones al funcionario que incumple, la eliminación de las sanciones que impone el Órgano Judicial por desacato en materia de Habeas Data, etc. (ver bit.ly/44l2GN0 para más detalle).
Hace veinte años fueron muchos quienes juntaron sus voluntades para que Panamá avanzara en su proceso democratizador, haciendo posible la Ley de Transparencia.
Hoy tenemos el deber de impedir el retroceso que se ve en el horizonte y, como en aquellos primeros años del siglo XXI, sería útil el apoyo de la Defensoría del Pueblo. Solo tiene que seguir el ejemplo.
La autora es presidenta de la Fundación Libertad Ciudadana (TI Panamá)
