Como seres humanos, se nos dificulta valorar la importancia de los conceptos abstractos y su impacto en nuestra calidad de vida. Esto es especialmente claro en lo que respecta al Estado. Conceptos como justicia, separación de poderes o transparencia, no son precisamente los primeros que nos vienen a la mente al hablar de «chen-chen». No obstante, hay consultores que hacen el viaje desde Londres solo para venir a preguntar a politólogos, abogados y economistas por el futuro de la institucionalidad en el país. Su interés no es académico. Tras ellos hay un cúmulo de empresas e industrias tan diversas como la farmacéutica, la energética, la tecnológica y la naviera, tanteando el terreno para realizar grandes inversiones en el país.
¿Por qué importa a las empresas europeas la separación de poderes en Panamá? Toda inversión representa un riesgo y la evaluación de riesgos puede hacer la diferencia entre ganar o perder millones de dólares. Cuando la Asamblea se comporta como un ministerio más y no cumple su rol, cuando las instituciones de control como la ANTAI, la Contraloría o el Tribunal Electoral (por decir solo algunas) no cumplen su función, somos un poco menos Estado de Derecho y un poco más riesgosos. En pocas palabras, no conviene instalar aquí una empresa donde la corrupción nos pasará factura, donde hay que pagar para ganar un contrato, donde determinados sectores del mercado están protegidos para el beneficio de unos cuantos o dónde la Corte Suprema demora 10 años en resolver una cuestión.
La institucionalidad es un concepto clave que engloba un conjunto de estructuras y normas fundamentales para el funcionamiento de cualquier Estado. Su relevancia se vuelve especialmente crítica cuando se evalúa su impacto en la atracción de inversión extranjera directa (IED). Aspectos como la separación de poderes, la seguridad jurídica, la transparencia en los procesos administrativos o la sintonía de las instituciones con sus ciudadanos pueden hacer la diferencia a la hora de invertir grandes sumas de dinero en el país.
La separación de poderes es una característica esencial de un Estado de derecho funcional. Al garantizar que el poder legislativo, ejecutivo y judicial operen de manera independiente, se asegura un sistema de contrapesos que previene el abuso de poder y la corrupción. Los inversores extranjeros valoran positivamente que el nuevo presidente sea pro-empresa, pero también buscan países donde exista un sistema jurídico-político que proteja los derechos y propiedades de los inversores ante posibles arbitrariedades.
La institucionalidad no es un asunto de gobierno, sino de Estado. La seguridad jurídica para las inversiones, la transparencia en los procesos administrativos, la separación de poderes y el Estado de Derecho, son aspectos para considerar a la hora de invertir en Panamá. De nada nos sirve tener regímenes especiales para empresas extranjeras, exoneraciones fiscales obscenas para algunos rubros o inclusive promocionar a panamá en el extranjero, si los consultores de riesgo nos consideran comparativamente más riesgosos que nuestros vecinos.
Las fallidas reformas constitucionales, el teatro del contrato minero, la crisis del seguro social, la opaca administración de las finanzas públicas y, cómo última palada de tierra, el macarrónico proceso electoral cuyos participantes no estaban claros hasta pocos días antes del 5 de mayo, no hicieron más que echar tierra a la imagen de nuestro país como una democracia estable y segura para invertir. Nuestro riesgo se ha disparado y no es solo a causa de la mina. La falta de transparencia es palpable. Reportes regionales como el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2023 o globales como el Índice de Percepción de la Corrupción 2023, nos mantienen en los últimos puestos.
Existe en la sociedad panameña una suerte de resignación hacia la corrupción, como si siempre hubiera estado allí, como si fuera un defecto de origen, quizás ello explique la irrupción cada vez más importante de actores políticos ajenos a los partidos tradicionales. Individuos que, al menos en apariencia, rechazan el actual status quo, que prometen purgar el Estado de todos sus vicios y parásitos. La vieja y la nueva política se enfrentan, el discurso reformista se acrecienta y, desde Londres, New York o Bejín nos están observando.
Lo sucedido con la minera le hizo mucho daño a la confianza interna y externa del país. El irrespeto a la institucionalidad (irónicamente) por parte del mismo gobierno, nos llevó a encender las alarmas de los inversores, a dar una falsa imagen de país de confiscaciones, lo que se sumó a la tradicional mancha de ser considerado un paraíso fiscal. No diluyamos problemas cómo la corrupción, la desigualdad y la pobreza en análisis simplistas, no nos conformemos con soluciones temporales y cortoplacistas. Ya es hora de hacer valer en todo su sentido la máxima «ubi societas, ibi ius». Como consultor, la próxima vez que un evaluador internacional me pregunte si en Panamá existe verdadera separación de poderes, me gustaría poder responder: Sí.
El autor es consultor e investigador jurídico
