ARTÍCULO 270. “En el presupuesto elaborado por el Órgano Ejecutivo, los egresos estarían equilibrados con los ingresos”.
Esta norma constitucional es una de las más importantes para la salud de cualquier país. ¿Es, entonces, legítimo o es irrisorio aspirar a que el Estado la cumpla algún día? Esperemos al menos que el presupuesto para 2026 se presente en el período de tiempo establecido por la Constitución, que los diputados estén mejor capacitados en temas fiscales y de mercado de capitales y, sobre todo, que la clase política logre un verdadero compromiso por cumplir con los nuevos máximos deficitarios contemplados en la modificación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, así como con una reducción drástica del gasto público, para ir transformando el Estado en una maquinaria más eficiente al servicio de todos los panameños. Ahora volvamos al presente para ofrecerte un breve diagnóstico de lo feo, lo malo y lo bueno del presupuesto aprobado para el próximo año fiscal.
Lo feo: Fue deplorable la manera como la Comisión de Presupuesto, conformada por miembros de los partidos tradicionales, impuso una votación para aprobar el presupuesto en primer debate sin haber culminado las vistas presupuestarias de los ministerios e instituciones públicas, en clara violación a la principal razón de toda la Asamblea Nacional: cumplir con el mandamiento constitucional impuesto al Órgano Legislativo: fiscalizar el uso correcto de los fondos públicos.
Lo malo: El presupuesto aprobado suma tres mil millones de balboas más que la versión presentada por el Ejecutivo. Esta es una cifra astronómica, tomando en cuenta la baja recaudación fiscal y augurando así altos niveles deficitarios una vez más, aunado al desenfrenado aumento de la deuda pública en los últimos años, así como al terrible impacto que esto tendrá ante las calificadoras de riesgo y afectando aún más la deuda soberana. Haber logrado un recorte sustancial en el gasto público hubiera sido congruente con el compromiso que asumió el Gobierno central, así como con la declarada preocupación de los políticos no tradicionales por reducir de forma drástica el gasto público; gasto que hoy es uno de los más altos per capita del mundo y del cual una parte considerable va destinada a cubrir el (mal) funcionamiento una abultada planilla estatal.
Año tras año, el presupuesto aprobado por cada gobierno permite que los gastos rebasen con creces los ingresos, llevándonos a la gravísima situación fiscal que nos aqueja. El problema no es solo el constante incremento de la deuda, sino el círculo vicioso provocado por nuestra indisciplina fiscal. La deuda pierde más y más valor en los mercados de capitales y las nuevas emisiones se consiguen con tasas de retorno (interés sobre capital) cada vez mayores, que no podremos reducir hasta que mejore nuestra calificación de riesgo, que a su vez solo ocurrirá con la reducción sustancial del déficit fiscal.
Aún cuando mejore la recaudación, el verdadero problema es el gasto irresponsable y sencillamente insostenible; más ahora que debemos considerar los cuantiosos aportes que tendrá que ir haciendo el Tesoro Nacional a la Caja de Seguro Social, sin importar qué modificaciones a la Ley Orgánica se terminen aprobando.
Lo bueno: Desde hace décadas, los panameños, preocupados por el derrotero de la política nacional y la administración de las finanzas y recursos públicos, tenemos por fin razones para sentirnos más optimistas, ya que, por primera vez, la bancada independiente en la Asamblea Nacional no solo es la más grande de todas, sino que además ha ejercido una labor intensa de fiscalización del presupuesto confeccionado por el Ejecutivo, cumpliendo así con una de las funciones medulares del Órgano Legislativo. De paso, lograron algo sin precedentes: despertar un genuino interés de una parte sustancial de la ciudadanía por comprender los entresijos y vericuetos del presupuesto nacional. Por honrar la confianza que depositamos en ellos, estos diputados merecen nuestro aplauso.
El autor es abogado.
