En el corazón de toda sociedad democrática yace un principio que resguarda nuestra convivencia y nos protege de los abusos del poder: el principio de legalidad. Este no es un adorno conceptual ni una declaración sin consecuencias; es el pilar que define cómo deben actuar nuestras autoridades y cómo se deben garantizar nuestros derechos. Según el artículo 18 de nuestra Constitución, mientras los ciudadanos solo responden por las infracciones a la ley, los servidores públicos están obligados no solo a respetarla, sino también a ceñirse estrictamente a las competencias que esta les otorga.
La legalidad no admite excepciones ni “buenas intenciones”. Ningún servidor público, sin importar cuán nobles sean sus motivaciones, puede actuar más allá de lo que la ley expresamente le permite. Esto incluye tanto el abstenerse de extralimitarse como el cumplir las funciones que la ley les asigna. La omisión de estas responsabilidades es tan grave como la extralimitación y puede dar lugar a sanciones administrativas o incluso penales.
Los alcaldes y sus competencias: límites claros y necesidades urgentes
En el ámbito municipal, el principio de legalidad cobra especial relevancia. Los alcaldes, como jefes de los municipios, tienen la misión de administrar fondos públicos, coordinar con las fuerzas del orden y ejecutar programas que promuevan el bienestar social, desde obras de infraestructura hasta iniciativas culturales y ambientales. Estas competencias están claramente delimitadas y no pueden invadir las funciones de otras autoridades.
Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia ha establecido que los alcaldes no pueden imponer multas de tránsito, salvo las relacionadas con parquímetros, ya que estas facultades son exclusivas de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT). Asimismo, los alcaldes no tienen potestad para sancionar delitos, una labor reservada al Ministerio Público.
Sin embargo, estas limitaciones no deberían ser vistas como una camisa de fuerza, sino como una guía para enfocar los esfuerzos municipales en resolver los problemas más apremiantes de la población. La crisis de vivienda digna de la población sin hogar que está en las calles y sujetas a vejámenes y abusos, la ausencia de programas recreativos para los adultos mayores y la falta de guarderías municipales son desafíos que podrían abordarse desde las alcaldías, dentro del marco legal, mediante programas que brinden soluciones reales y sostenibles.
La fiscalización: transparencia y rendición de cuentas
Según cifras del Tribunal Electoral, el 78% de los alcaldes han sido electos por primera vez. Este dato resalta la importancia de reforzar la capacitación y la fiscalización, no solo para garantizar el cumplimiento de la ley, sino también para promover una administración transparente y eficiente.
La rendición de cuentas no es un acto simbólico; es una obligación que fortalece la confianza ciudadana y asegura que los recursos públicos sean utilizados en beneficio de todos. En este sentido, la ciudadanía juega un papel fundamental al exigir transparencia y supervisar las actuaciones de sus autoridades locales.
Un escudo contra la arbitrariedad
El principio de legalidad no es un concepto abstracto ni un obstáculo burocrático; es el escudo que nos protege de la arbitrariedad y la corrupción. En un momento en que la confianza en las instituciones está en juego, es más importante que nunca que todos, desde los ciudadanos hasta las más altas autoridades, respetemos este principio.
La democracia no es un ideal que se logra una vez y para siempre; es un proyecto que está “en proceso”, siempre con la amenaza de perderlo. En el caso de los alcaldes, esto significa actuar siempre dentro del marco legal, respondiendo a las necesidades de sus comunidades sin cruzar los límites de sus competencias. Solo así podremos garantizar una sociedad más justa y democrática.
La autora es miembro de la Fundación Libertad.
