Las naciones del mundo, principalmente las de este hemisferio, luchan y se unen para reforzar la acción y la cooperación con el fin de alcanzar una sociedad libre del consumo de drogas, según lo estipula la Organización de Naciones Unidas. Esta es una meta difícil de alcanzar, siendo realistas, pero es posible generar una conciencia colectiva sobre cómo las drogas se han convertido en un flagelo, un cáncer social.
Existen diferentes enfoques para entender el fenómeno de las drogas. Desde estos párrafos, vamos a promover la conciencia y mejorar la comprensión del problema mundial que representan, describiendo su impacto desde tres perspectivas interrelacionadas: salud, gobernanza y seguridad.
Panamá es líder en la región en decomisos de drogas y ha sido exitosa en combatir las diversas modalidades del narcotráfico. En 2022, se decomisaron 128 toneladas de drogas, y en 2023 se cerró con 117 toneladas. Sin embargo, parte de esa droga, que utiliza la ruta del istmo para suplir las necesidades de consumo en otras latitudes, se queda en el país como pago y es consumida localmente, convirtiéndose en un néctar diabólico.
Aquí encontramos la primera huella nefasta del uso de las drogas: su impacto en la salud. La adicción es el inicio de un problema de salud que puede derivar en deterioro neuronal, disminución de dopamina, paranoia, afectaciones al corazón, vulnerabilidad al cáncer, cirrosis, cambios en la conducta psicológica y depresión.
Desde la perspectiva de la gobernanza nacional, la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas (Conapred) es la autoridad nacional en materia de drogas, establecida mediante la Ley 23 de 1986. Coordina áreas como la reducción de la demanda y la oferta, programas de desarrollo alternativo integral y sostenible, medidas de control, el observatorio de drogas, cooperación internacional y evaluación de programas. Esto implica un acercamiento a los conceptos legales internacionales adaptados a nuestra legislación, de manera que exista una articulación judicial prioritaria.
La afectación en la gobernanza se manifiesta en la constante evolución del fenómeno, lo que desgasta el sistema judicial, así como en la adaptación de modalidades, la lucha para reducir la oferta cuando es un problema social, y especialmente en la corrupción, el blanqueo de capitales, la recuperación de adictos y la resocialización de quienes resultan condenados.
Finalmente, la afectación que más impacta en la conciencia ciudadana es la relacionada con la seguridad. El ciclo de las drogas, desde su producción y tráfico hasta el consumo, es el mayor generador de delitos conexos y violencia en la sociedad, tales como homicidios, microtráfico, robos, hurtos, violencia doméstica, agresiones físicas y pandillerismo, que afectan notablemente la seguridad humana y, por ende, su percepción.
En Colombia, el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) reportó un incremento del 13% en el área sembrada con coca, pasando de 204,000 hectáreas en 2021 a 230,000 en 2022, y cerró en 2023 con 246,000 hectáreas, con hasta tres cosechas al año.
Recientemente, el Servicio Nacional de Fronteras decomisó un cargamento de 5,900 dosis de THC (compuesto activo de la marihuana) en dispositivos para cigarrillos electrónicos, que utilizaba las rutas de movilidad tradicionales de la cocaína. El narcotráfico está en evidente evolución.
¿Pero qué podemos hacer desde una visión cívica ciudadana para reducir la demanda de drogas? Mucho, ya que es la sociedad quien las consume; aquí es donde radica la corresponsabilidad compartida. Debemos ser partícipes activos en la prevención y educación sobre drogas.
Estamos convencidos de que, desde la unión familiar, prestando atención a la educación integral en valores de hijos, sobrinos y cualquiera sobre el que tengamos influencia, haciendo un uso responsable de los espacios públicos, manteniendo una conciencia activa y participando en programas preventivos deportivos, culturales y de asistencia social, es posible reducir los riesgos. Tomemos acción.
El autor es oficial del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront Panamá), magister especialista en seguridad y derechos humanos.
