Desde hace más de dos años, se ha venido debatiendo que las pensiones del Sistema Exclusivamente de Beneficio Definido (SEBD) están en quiebra y sus fondos se agotarán en el 2024. Si bien el Sistema Mixto no está en crisis hoy, la realidad es que su componente de beneficio definido también requiere ser transformado.
En la praxis nos encontramos ante una situación donde dos componentes parecen antagónicos.
Por un lado, la realidad financiera de un sistema quebrado e insostenible en su modelo y, por otro, una posición política que cree que la solución es no enfrentar el asunto y posponer la decisión.
Pero, ¿cuál es el problema? Desde el punto de vista financiero, la realidad es irrefutable, el sistema está quebrado y el modelo de beneficio definido es insostenible. Los miembros de la Junta Técnica Actuarial (JTA) recomendaron escenarios de ajustes paramétricos que le extenderían la vida hasta el año 2035, pero al final la quiebra es inminente.
Otros han argumentado unificar los dos sistemas: el Mixto y el de Beneficio Definido, sin embargo, en el Informe Actuarial del 2019 se analizaron ambas propuestas, llegando a una conclusión contundente. Es la peor solución, ya que cuadriplica los déficits máximos por año.
Por otro lado, existe otra realidad. La política parece no estar conectada con la realidad financiera del problema. El doctor Carlos Matus recalca en sus escritos e intervenciones “que los políticos solucionan problemas políticos, mas no solucionan los problemas reales de la sociedad”.
Desde la perspectiva política, se han esgrimido soluciones, como tomar fondos del canal, que ya están comprometidos; de la mina, que no financiará ni un mes de pensiones al año, y otras fuentes celestiales, como aquella de eliminar la corrupción para generar los fondos que se necesitan. Aunque soñemos que estas ideas puedan hacerse realidad, no pagan los déficits que genera el SEBD.
Pero la solución más peligrosa es la de pedirle prestado los fondos al Sistema Mixto, como banca de segundo piso, sin hacer las transformaciones al sistema de pensiones. Esto es igual que si consolidamos ambos sistemas, creando el mismo problema para toda la población y el Estado.
Al analizar los riesgos vemos que existen peligros para ambas posturas.
Si se toma la decisión basada exclusivamente en términos financieros y económicos, sin el adecuado acuerdo nacional, se generarían protestas en las calles por quienes adversan este sistema, causando un serio problema de inestabilidad social.
Si la decisión es basada en estrictas posiciones políticas, como aquella de consolidar ambos sistemas de pensiones o pedirle prestado al Sistema Mixto sin acometer las transformaciones hacia un sistema de pilares con contribución definida, estaríamos condenando el futuro de toda la población panameña.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
1. Lo prudente es no saltar a decisiones simplemente políticas, que puedan abocar a la nación a una catástrofe económica y social con consecuencias impensadas en nuestro país.
2. Sentar a las partes junto con los actuarios y expertos en la Fundación del Trabajo, para primero ponerse de acuerdo en la realidad actuarial y financiera del problema.
3. Desarrollar los escenarios de solución, sus costos y el tiempo de transición para salvar la situación.
4. En el peor de los casos, si esto toma más de un año, buscar el financiamiento internacional para cubrir los déficits para uno o dos años, que es mejor que tomar una decisión solamente política.
Solo existen dos salidas: la correcta o la fácil. La segunda tendrá un impacto nefasto sobre nuestros hijos y nietos, en el futuro cercano. Es un riesgo que no debemos ni podemos tomar como nación.
El autor es consultor
