El pueblo saharaui considera el Sahara Occidental como su territorio legítimo. Conocidos como la “gente del desierto”, habitan una región históricamente marcada por el comercio y los vínculos transfronterizos, enfrentando condiciones de vida extremadamente difíciles. Su lucha por el control de recursos, rutas comerciales y acceso al agua ha sido constante. A lo largo de los años, han desarrollado una identidad cultural propia, con tradiciones en vestimenta, idioma y costumbres que los distinguen de sus vecinos.
La disputa por el Sahara Occidental tiene raíces en los procesos de descolonización. Inicialmente ocupado por España, el territorio se convirtió en un foco de conflicto entre países vecinos tras la retirada española en 1975. Durante la Guerra Fría, el régimen militar panameño buscó reconocimiento internacional y apoyo en su lucha por la soberanía del Canal de Panamá. En este contexto, Panamá mostró simpatía hacia movimientos de liberación nacional, incluyendo el respaldo al pueblo saharaui.
En 1978, Panamá fue el primer país latinoamericano en reconocer y establecer relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), representada por el Frente Polisario. Este movimiento, fundado en 1973, surgió para oponerse al dominio español sobre el Sahara Occidental, y posteriormente resistió las ocupaciones de Marruecos y Mauritania. En 1980, Panamá albergó la primera embajada del Frente Polisario en América, consolidando una relación diplomática estrecha. Sin embargo, tras décadas de conflicto, se alcanzó un cese al fuego en 1991, con la promesa de un referéndum apoyado por la ONU, que hasta hoy no se ha materializado.
Con la caída de la dictadura militar en Panamá, las relaciones con el pueblo saharaui se enfriaron. Los gobiernos democráticos intentaron distanciarse del legado del régimen militar. En la administración de Ricardo Martinelli, se suspendieron las relaciones diplomáticas de facto, aunque se mantuvieron algunos gestos de cooperación, como un acuerdo con la Universidad Autónoma de Chiriquí que permitió a estudiantes saharauis estudiar medicina en Panamá. Durante el gobierno de Juan Carlos Varela, hubo intentos de revitalizar las relaciones, firmándose un acuerdo de cooperación cultural y educativa. Sin embargo, estos esfuerzos no lograron alcanzar la profundidad de los vínculos del pasado. En la administración actual, la relación con la RASD ha sido nuevamente suspendida.
Esta decisión responde a intereses económicos y comerciales, priorizando los vínculos con Marruecos, un actor importante en América Latina. Sin embargo, implica abandonar el apoyo histórico al pueblo saharaui, olvidando la solidaridad que Panamá recibió en su lucha por la soberanía del Canal. Panamá, que alguna vez formó parte del grupo de 84 países que reconocían a la RASD, ahora sigue el ejemplo de naciones como El Salvador, que en 2019 rompió relaciones diplomáticas con la RASD, y Ecuador, que hizo lo mismo recientemente.
El cambio de postura panameña ocurre en un contexto de continuas violaciones a los derechos humanos y una crisis humanitaria en el Sahara Occidental. La población saharaui sigue luchando por su independencia y reconocimiento internacional. Panamá debería recordar el respaldo recibido en momentos cruciales de su historia y reconsiderar su posición frente a una causa que alguna vez apoyó con firmeza.
El autor es abogado y docente universitario.
