Los panameños nos consideramos canaleros, pero mineros no es un adjetivo con el que nos sintamos identificados. A ya un año desde el hartazgo social que dio lugar a las protestas masivas en contra de la Ley No. 406 de 2023, que aprobaba un nuevo contrato minero entre el Estado y Cobre Panamá, ronda el descontento por una posible reapertura de las operaciones mineras en el país, no solo por la manera arbitraria en la que se aprobó dicho contrato (que parece ser la misma fórmula con la que se aprobó el Presupuesto General del Estado para 2025), sino porque en los desafortunados eventos del 2023 fueron asesinados dos panameños en Chame. Es por ello que el “panameñazo” minero de 2023 se convirtió en un punto de inflexión para la política doméstica, y pruebas de ello fueron los resultados de las elecciones generales de 2024, donde la ciudadanía cansada les pasó factura a los partidos políticos tradicionales, pero estos encontraron fuerza en su menoscabo y se aliaron entre ellos para seguir gobernando a su manera.
El nuevo contrato de concesión para Cobre Panamá fue aprobado por la anterior Asamblea sin ni siquiera haber sido leído a conciencia, y quizás lo más engorroso fue que dicho contrato violaba 25 artículos de la Constitución Política de la República. Fue en ese momento que una gran parte de la ciudadanía realmente entendió que muchos políticos, aunque griten en sus curules o en sus redes sociales y se hagan llamar los verdaderos independientes o los que más aman a Panamá, están dispuestos a infringir la ley máxima del territorio y de sus habitantes con tal de garantizar su supervivencia política. Sí, es importante reconocer que el cierre de la mina ha tenido efectos negativos en el mercado laboral y en materia ambiental y económica, pero se sobreentiende que el pueblo panameño eligió a nuevos políticos para buscar soluciones a esos problemas; de otra manera, hubiesen reelegido a los más de 60 diputados que buscaban nuevamente abrazar el poder.
Por otro lado, en las protestas masivas pudimos darnos cuenta de que, cuando las condiciones lo demandan, los panameños fácilmente unimos fuerzas para defender a nuestra patria. Con la diversidad política que existe en nuestro país, es un reto lograr consensos y unidad a tal magnitud como la que pudimos apreciar en 2023, y no existe un mejor ejemplo de cómo hacer patria que la manera en la que celebramos el fallo de la Corte Suprema de Justicia el 28 de noviembre. El sentimiento que se vivió en esos momentos era alentador; la respuesta de la CSJ nos dio un aire de esperanza sobre que las cosas comenzaban a cambiar en este país, y aunque el cambio puede tardar mucho, el primer paso debía ser dado lo antes posible. Lo que sigue ahora es ser ciudadanos más responsables para que no elijamos políticos que nos lleven a esas mismas situaciones.
El panorama de esta nueva asamblea pinta que serán cinco años muy heterogéneos, y que las decisiones que tomen nuestros diputados repercutirán con mayor fuerza en las elecciones de 2029. La alianza de los partidos tradicionales le ha abierto los ojos a miles de panameños que creían que los nuevos políticos de esos partidos podían venir con ideas frescas, pero el poder corrompe hasta al diputado más campechano, quienes, en su búsqueda de supervivencia política, recurren a la complicidad, y sus cálculos políticos no escatiman en poner en riesgo a un país entero. Parece ser que en esos casos donde la patria la llevan de dientes para afuera, aunque sepan hablar, se les entrena para no actuar, y si actúan, lo hacen de la manera en que les mandan a hacerlo. El miedo que sienten ellos de perder las siguientes elecciones es el mismo miedo que perdieron muchos panameños al salir y movilizarse hacia el llamado democrático que se hizo en octubre de 2023 para defender nuestra soberanía, porque la democracia no es biológicamente capaz de soportar los mismos errores electivos por siempre.
El autor es abogado
