Las hormigas cooperan para asegurar su existencia. Protegen su colonia a través del trabajo colectivo: recolección de alimentos, defensa del nido, cuidado de la reina y de los jóvenes. Operan como un superorganismo, donde la interdependencia les permite prosperar. Así como las hormigas, las sociedades modernas se sostienen sobre la cooperación a gran escala.
El potencial de la cooperación explica a naciones como Países Bajos, Islandia y Dinamarca, que, según el Índice Global de Pensiones de Mercer y el CFA Institute, cuentan con los mejores sistemas de retiro del mundo. Alcanzan altas tasas de reemplazo —cerca del 90%—, sostenibilidad financiera y transparencia, con un modelo mayoritariamente solidario.
Panamá hizo lo contrario. La Ley 462 eliminó la solidaridad del sistema de pensiones. Es una reforma concebida para el peor país posible. La normativa da por sentado que Panamá no aspira al desarrollo. Se creó un sistema de pensiones diseñado por y para quienes creen que una miseria generalizada debe sostener los privilegios de la clase dominante. Esta ley destruye el tejido social al expropiar los ahorros de los pensionados, enriquece a los más ricos y obliga a los panameños a trabajar hasta la vejez.
Una pensión puede entenderse como un salario diferido. Los trabajadores destinan una porción de la riqueza que producen para financiar su jubilación. No es el simple acumulado individual, sino el resultado de la capacidad colectiva —en toda su complejidad y diversidad— de los trabajadores del país, distribuida entre generaciones y estratos laborales. Estructuralmente es solidaria porque reconoce que, en aislamiento, cada individuo tendría exponencialmente menos de lo que logra en combinación.
El nuevo sistema panameño no es un sistema de pensiones. Su supuesta virtud, según sus voceros, es que el trabajador puede retirar sus fondos cuando lo desee. Pero lo que omiten es que, mientras más temprano los retira, menos recibe. Con la Ley 462, el ciudadano deberá trabajar entre 10 y 15 años más para aspirar a igualar lo que se recibía antes. Es un aumento encubierto de la edad de jubilación. Y, si no cumple con los requisitos exigidos para jubilarse —como será el caso de gran parte de la población—, esta ley solo ofrece un pago mínimo, que no es más que una versión ampliada del programa “120 a los 65”.
Mulino y compañía optaron por este esquema porque se ajusta al régimen laboral del modelo imperante. El trabajo en Panamá se caracteriza por bajos salarios, inestabilidad, informalidad y vulneración de derechos laborales. La Ley 462 introduce un sistema de pensiones hecho a la medida de un ejército de trabajadores precarios, reducidos a acumular ahorros inciertos en medio de una permanente volatilidad laboral.
Pero su principal motivación es seguir subsidiando a sus empresas. Los negocios de los grandes capitales en Panamá se han vuelto obsoletos ante el fracaso del modelo y ahora dependen del Estado para sostenerse. Han buscado nuevas inyecciones de dinero: primero de la mina, y ahora, de los fondos de los pensionados. Así, sus capitales podrán sobrevivir gracias a la mayor transferencia de fondos públicos a manos privadas en la historia del país.
En lugar de entregar los fondos de los pensionados a los banqueros, como plantea la Ley 462, estos representan una enorme oportunidad para el desarrollo de Panamá si se apalancan en la transición hacia un nuevo modelo de país. Invertir estos recursos estratégicamente, con una planificación a largo plazo, permitiría movilizar la cooperación activa de todos los sectores hacia la recuperación de activos estratégicos —como los puertos— y el desarrollo de las fuerzas productivas, creando y compartiendo riqueza entre todos.
Podrían utilizarse los más de 200 mil millones de dólares que administrará el sistema en las próximas décadas para crear las condiciones de una sociedad avanzada, compuesta por trabajadores prósperos, estables y bien remunerados. Y que, como Países Bajos, Islandia y Dinamarca, cuente con pensiones dignas. Para tener pensiones dignas hay que desarrollar a Panamá. Y para desarrollar a Panamá, necesitamos un seguro social que esté al servicio de ese propósito.
El autor es politólogo y fue candidato a la vicepresidencia de la República por la libre postulación en 2024.
