La prevención de conflictos ha pasado a primer plano en el escenario político internacional, las causas radican en factores como la pobreza, estancamiento económico, mala distribución de la riqueza, degradación medioambiental, fundamentalismos religiosos, étnicos y nacionalistas, sistemas judiciales y legislativos en crisis, falta de gobernabilidad, injusticia social, corrupción sistematizada, discriminación sistemática, opresión de minorías y desplazamiento migratorio, entre otros.
El desarrollo humano es un reto ineludible en el aspecto moral como en el político, toda vez que lograrlo supera las expectativas del crecimiento económico, y nuestro país no es la excepción. La evaluación de indicadores de pobreza y exclusión social confirman la importancia de recurrir a políticas sociales que prevengan conflictos y garanticen la estabilidad duradera sustentada en normas claras y equitativas.
Con el nuevo gobierno del presidente Laurentino Cortizo se proyecta estabilidad y previsibilidad en las reglas jurídicas que deben operar como un factor de crecimiento. La política de desarrollo y los programas de cooperación son instrumentos eficaces cuando se dirigen a la reducción de la sexta frontera, la pobreza, en nuestro país. Ante este momento trascendental y singular es oportuno impulsar políticas públicas de prevención para fortalecer la institucionalidad y restituir la confianza pública en la resolución de problemas sociales del país. El fortalecimiento de la seguridad pública conlleva a una mayor eficacia en el combate al tráfico de drogas, el pandillerismo y las armas pequeñas con las municiones.
Por consiguiente, la adopción de políticas sólidas y eficientes en materia de finanzas públicas y fiscalidad de inversiones extranjeras sustraerán al país de los listados grises, desvirtuando las indignantes amenazas de aislamiento de la OCDE y otros países, mientras se abre un espacio a la diplomacia preventiva con agendas bilaterales y multilaterales en el ámbito respetuoso de la cooperación judicial.
Panamá se encuentra en un umbral donde la prevención de conflicto se destaca en la agenda de cuatro pilares del presidente Laurentino Cortizo, por la resolución de problemas que más afectan a la sociedad panameña, tales como: acceso a la salud, agua potable, seguridad pública, concesiones onerosas en TLC, contrataciones públicas, revisión de la seguridad social, generación de empleos y el eje fundamental de la educación para impulsar transformaciones urgentes que reclama el país. Pero también es menester el fortalecimiento del sistema político y el Estado de derecho, la administración de justicia independiente, la transparencia y rendición de cuentas, la lucha contra la corrupción, la buena gobernanza y el desarrollo de la sociedad civil con reformas constitucionales acorde con las circunstancias políticas que vive el país.
La estabilidad política inspirada en consensos es fundamental en la agenda de gobierno del presidente Laurentino Cortizo, quien es heredero de una visión de consultas internas, promoviendo la eficiencia de servicios marítimos internacionales y su Canal ampliado, el desarrollo del turismo, las actividades financieras, afianzando el liderazgo portuario a nivel regional. Panamá puede lograr una buena gobernanza con el desempeño político y económico en decisiones que garanticen estabilidad con inversiones públicas estratégicas.
En el ámbito externo, lograr una diplomacia preventiva es cada vez más importante para un país, cuyos principales usuarios del Canal y socios estratégicos, Estados Unidos y China, están inmersos en un complejo conflicto sobre innovación de la inteligencia artificial, una interdependencia tecnológica que los condena a un entendimiento. No existe un solo Estado que pueda vivir aislado del medio con el que coexiste, Panamá, que es un vértice importante en el libre comercio internacional, en una proyección inteligente del liderazgo entrante y con una acción más pragmática que ideológica puede fomentar relaciones diplomáticas con ambas potencias inspiradas en el mutuo respeto e intercambios en múltiples frentes, políticos, económicos y de cooperación.
Nuestro accionar internacional no puede resguardarse tras visiones enmarcadas en la diplomacia coercitiva para imponer soluciones democráticas a nivel regional, por tanto, privilegiar el diálogo y la negociación es consecuente con los enfoques preventivos que permitirá recuperar el prestigio internacional y la capacidad de negociación del país en el ámbito regional. La política externa buscará afianzar la marca país para atraer inversiones extranjeras e incorporarlas a un proceso de desarrollo que responda a la promoción y defensa de intereses generales, procurando bienestar inclusivo para amplios grupos de la sociedad panameña.
La política exterior panameña con un nuevo liderazgo se enmarcará respaldando medidas de alcance colectivo en la estrategia común para erradicar el narcotráfico, el terrorismo, la violencia delincuencial, el tráfico de indocumentados, el trasiego de armas, el desvío de precursores químicos y el lavado de dinero. La cooperación internacional para el desarrollo en la visión del nuevo gobierno puede constituir un factor importante en la prevención de conflictos y la diplomacia preventiva puede ser una herramienta efectiva en el nuevo enfoque de una política exterior sustentada en la mediación directa, la conciliación y la negociación.
Identificar y desactivar crisis antes de que se intensifiquen como eje de la política exterior, es una prolongación de la política interior inspirada en la prevención de conflictos sociales, ello configura una hoja de ruta fundamental para la acción exterior con vocación pacifista. La prevención en el ámbito de la seguridad siempre es necesaria, es menos costosa, menos traumática y produce consecuencias políticas y económicas a corto y mediano plazo que fortalecerán la institucionalidad democrática y el bienestar inclusivo de la nación.
El autor es abogado analista internacional
