Hay dos enfoques con respecto a cómo abordar la crisis del programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la CSS.
Uno es el enfoque restrictivo de verlo solo como un tema actuarial y plantearse una solución estrictamente financiera. Es decir, la prioridad es buscar que el programa sea financieramente autosostenible, no importa las consecuencias sociales que eso pueda tener.
Un segundo enfoque tiene una visión más amplia desde un concepto más de seguridad social que financiero. Para este enfoque, el problema principal no es que el programa de IVM no sea autofinanciable, sino que el mercado laboral de Panamá es tan precario que la mitad de la población no tiene derecho siquiera a una jubilación porque no cumple con los parámetros de la Ley y la mitad de los que, si reciben una pensión, la realidad que sufren es que el monto de la misma está por debajo del salario mínimo.
En lo personal, me suscribo a la segunda posición. Por ejemplo, una solución financiera al problema es aumentar la edad de jubilación y aumentar la densidad de cuotas. Llevando ese camino al absurdo, uno podría argumentar que, si subes la edad de jubilación a 70 años para hombres y mujeres, pues problema resuelto. Eso puede sonar bien para la teoría actuarial, pero la realidad social y política es muy diferente. Cualquier movimiento de reforma paramétrica tiene consecuencias sociales importantes. Un aumento en la densidad de cuotas, por mencionar una posibilidad, puede llevar a que un porcentaje aún mayor de panameños pierda la posibilidad de jubilarse.
Salvar al programa de Invalidez, Vejez y Muerte va a requerir, a mi juicio, de una visión más abarcadora y de un conjunto de medidas que manden un mensaje claro de que se quiere resolver el problema de la seguridad social en el país, no solo el problema de la sostenibilidad financiera del programa de IVM.
Algunas medidas que irían en esa dirección serían, por ejemplo, la adopción de políticas para generar empleo formal e incentivar la formalización y cotización al Seguro Social de quienes son trabajadores independientes o del sector informal. Otra ineludible es la reforma de la Ley Orgánica de la Caja del Seguro Social para hacer más eficiente su funcionamiento. La Junta Directiva está diseñada para no funcionar y se convierte en un impedimento para que se tomen decisiones administrativas tan básicas como destituir a quien no hace su trabajo. Medidas de sentido común como reducir costos y aumentar el rendimiento de los dineros y propiedades de la Caja no son posibles por la institucionalidad perversa que incentiva a ir en contravía de lo que la lógica indica. Allí están las tierras baldías en Amador que fueron traspasadas al Seguro en el periodo 1999-2004 y que son mudos testigos de la incompetencia y desidia que ha caracterizado la administración de los recursos que son de todos los asegurados.
El autor es presidente del Partido Panameñista.
