La negociación del nuevo contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá, S.A. ha sido tema de discusión en diversos sectores. Sin embargo, antes de analizar sus detalles, es importante contextualizar cómo se llegó a esta negociación.
En los 90, los gobiernos de Endara y Pérez Balladares implementaron medidas para modernizar la economía y atraer inversión extranjera para acelerar el crecimiento y desarrollo del país. Esto implicó la privatización y modernización de algunos bienes y servicios del Estado, como la telefonía, energía, minería y puertos.
En 1997, durante el gobierno de Pérez Balladares, se adjudicó una concesión para desarrollar un proyecto minero en el Municipio de Donoso, Colón. ¿Por qué se adjudicó mediante un contrato ley? Porque atraer inversiones billonarias requiere garantizar estabilidadjurídica y fiscal. En ese contrato de concesión se plasmaron las condiciones que existían en ese momento en el Código Minero (pago de regalía 2%) y se otorgaban algunos incentivos fiscales a la empresa, como exoneración de impuesto sobre la renta hasta el repago de la deuda. Otro incentivo del Contrato Ley 9 de 1997 es el otorgamiento de créditos fiscales por obras de infraestructura. ¿Por qué créditos fiscales? Porque en 1997, Panamá no era un país minero y se requería de una fuerte inversión en infraestructura, como carreteras, puertos, planta de energía y línea de transmisión eléctrica, entre otras, que en países mineros son inversiones en su mayoría realizadas por el Estado y hasta compartidas entre diversas operaciones mineras.
En el 2013, luego de estudios de factibilidad, impacto ambiental y la obtención de permisos correspondientes, First Quantum inició la construcción de la mina con más de $10,000 millones, la mayor inversión privada en la historia centroamericana y casi el doble del costo de la ampliación del Canal.
A principios de 2017, el Mici prorrogó por 20 años la vigencia del contrato después de verificar que la empresa cumplió sus obligaciones. Sin embargo, a finales de ese mismo año, la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley 9 en un fallo controversial que ha causado mucha polémica, debates y discusiones legales. A pesar de esto, el contrato sigue válido ya que los fallos de inconstitucionalidad no surten efectos retroactivos ni pueden vulnerar derechos adquiridos.
Minera Panamá ha suscrito un nuevo contrato para la extracción en Donoso. Este contrato incluye algunos aspectos importantes, como el pago mínimo de $375 millones, el pago de regalías del 12% al 16% sobre ganancias brutas y la eliminación de las vacaciones fiscales. Además, la empresa reafirma su compromiso de restaurar el área una vez finalizada la explotación y reforestar cerca de 10,500 hectáreas, lo que refleja su compromiso con la sostenibilidad.
Hay que aclarar que el nuevo contrato no contempla la expansión de la zona de concesión dentro del área protegida de Donoso. La empresa opera en una zona que ya está delimitada y que fue reducida en comparación con el contrato de 1997. En cuanto al impacto ambiental, utiliza principalmente agua de lluvia y cerca del 90% del agua del proceso es recirculada; también utiliza agua de mar para enfriamiento de la planta de energía, la cual circula por las tuberías de enfriamiento y la retorna limpia al mar.
Uno de los mitos que mencionan algunos activistas es que la empresa utiliza cianuro en su proceso minero. Sin embargo, la realidad es que Minera Panamá no utiliza cianuro ni otros químicos pesados en su proceso de separación del cobre de la piedra, ya que este proceso es principalmente físico y no químico. En relación a las fuentes hídricas, es importante destacar que estas no están contaminadas, ya que se estableció una línea base desde 2009 para monitorear la calidad del agua en la zona. El monitoreo del agua es también es realizado por 14 comunidades aledañas que forman parte del programa de Monitoreo Participativo del Agua en colaboración con la ONG Avanzar.
Las muestras de agua recolectadas por estas comunidades son enviadas directamente a un laboratorio independiente para su análisis, lo que garantiza la fiabilidad de los resultados. Esta iniciativa de monitoreo comunitario no solo permite a los residentes verificar la calidad del agua que utilizan, sino que promueve la participación ciudadana en el cuidado del medioambiente.
En lugar de verlo como una nueva contratación, debemos reconocer la gran oportunidad que representa la mayor inversión privada del país. Esta inversión no solo contribuye a la diversificación de una economía altamente dependiente del Canal; también promueve el desarrollo de una región apartada que de otra manera seguramente sería ignorada y olvidada. Además, gracias a la extracción de cobre,coloca a Panamá entre los líderes en la transición energética a fuentes más renovables y sostenibles.
Este contrato entre el Estado de Panamá y Minera Panamá es beneficioso para el país, y constituye un paso significativo para devolver la confianza a la inversión privada. El Gobierno aprovechó la oportunidad paracapitalizar mejores condiciones fiscales para el país y garantizar la responsabilidad de la empresa en su EIA. Se protege el medio ambiente y se promueve el desarrollo sostenible de las comunidades cercanas.
Es crucial apoyar el contrato y trabajar juntos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible a largo plazo y aprovechar esta gran oportunidad para el país.
El autor es gerente de relaciones externas de Minera Panamá
