Cuando dos derechos fundamentales entran en conflicto, suele haber un perdedor silencioso. En el caso de las huelgas docentes en Panamá, ese perdedor tiene nombre y rostro: los estudiantes. Las aulas se vacían, los calendarios se reestructuran para recuperar clases en formas y horarios poco realistas, y las brechas de aprendizaje se agrandan sin que nadie asuma plena responsabilidad.
El derecho a huelga está consagrado en la Constitución Nacional, específicamente en su artículo 64. Por su parte, el derecho a la educación, también protegido por nuestra Carta Magna en el artículo 91, garantiza que todo panameño tiene derecho a recibir educación obligatoria y gratuita, al menos en sus niveles básicos. Los docentes, como cualquier otro grupo laboral, tienen el derecho de alzar su voz frente a las injusticias, exigir mejoras y resistir decisiones que consideren lesivas. No se trata de cuestionar ese derecho, sino de entender su alcance y, sobre todo, su impacto.
El 17 de abril de 2025, los gremios docentes convocaron una huelga nacional que iniciaría el miércoles 23 de abril, con posibilidad de extenderse de forma indefinida como protesta contra la aprobación de la Ley 462, que reforma el sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social. Aunque se reconoce la legitimidad de la causa, no podemos ignorar que esta decisión impacta de manera directa a miles de estudiantes del sector público. Sus clases fueron suspendidas por un conflicto que, aunque puedan reflexionar y opinar sobre él, está fuera de su capacidad de resolución.
El resultado es conocido: estudiantes desconectados, padres frustrados y un sistema educativo que se tambalea cada vez que se levanta una pancarta. En las zonas más vulnerables, donde la escuela representa mucho más que el acceso al conocimiento, el daño es profundo y muchas veces irreversible. Una madre de San Miguelito comentaba en los medios de comunicación: “Cuando hay huelga, mis pelaos no solo se quedan sin clases, tengo que ver quién me los cuide, porque yo trabajo, y quedan ociosos en la casa”.
Y es que la educación en Panamá ya está cargada con suficientes deudas. Según los resultados del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE), aplicado en 2019 y publicados en 2021 por la UNESCO, los niveles de lectura comprensiva y matemática en primaria siguen por debajo del promedio regional. Cada interrupción prolongada en el calendario escolar profundiza esa crisis. Esta realidad también fue reflejada en las pruebas PISA 2022, en las que los estudiantes panameños se ubicaron entre los niveles más bajos en lectura, matemáticas y ciencias entre los países participantes.
Esto nos enfrenta a varias preguntas incómodas: ¿Qué derecho debe primar cuando el conflicto es entre trabajadores y niños? ¿Por qué no vemos acciones similares en los gremios docentes del sector privado? ¿Es que acaso estas reformas no los afectan? ¿Por qué el peso de la protesta se descarga siempre sobre los hombros más frágiles del sistema? ¿No se está tomando como rehenes a nuestros estudiantes? ¿Se trata acaso de medir qué derecho es más importante que otro?
No se trata de desconocer el derecho a la protesta, pero tampoco podemos ignorar que las estrategias actuales muchas veces repiten fórmulas que ya no funcionan. En Panamá, rara vez se implementan medidas que busquen mantener la continuidad educativa durante las huelgas. Las clases se suspenden por completo y el diálogo entre las partes suele tardar días en concretarse. Un ejemplo reciente fue la huelga docente que se extendió del 23 de octubre al 4 de diciembre de 2023, en rechazo al contrato minero, y que obligó a extender el calendario escolar hasta fin de año para recuperar las clases perdidas. Mientras tanto, miles de estudiantes se quedan sin guía, sin estructura y sin respuestas. Urge un enfoque más realista y centrado en soluciones que no excluyan a quienes más necesitan la escuela para avanzar.
Los gremios merecen respeto y espacio para defender sus conquistas. Pero los niños también merecen aprender. Merecen continuidad, estabilidad y la posibilidad de construir un futuro con herramientas sólidas.
El llamado es claro: no sigamos enfrentando derechos como si fueran dos contrincantes. El derecho a huelga y el derecho a estudiar pueden convivir si hay voluntad de encontrar el equilibrio. Mientras eso no ocurra, los estudiantes seguirán perdiendo, una y otra vez, en una partida que nunca pidieron jugar.
El autor es odontólogo y estudiante de la Maestría en Gerencia Estratégica de la Universidad Interamericana de Panamá.
