Desde sus inicios, la administración Cortizo nos planteó a todos los panameños una política exterior orientada en proteger los intereses nacionales, para convertirse en una herramienta para el desarrollo económico y social del país. En su momento dicho planteamiento me pareció algo redundante, pues se trataba de una definición textual de política exterior, sépase el conjunto de acciones del Estado en la arena internacional, tendientes a servir sus intereses nacionales. Hoy, luego de tres cancilleres y a casi seis meses de las elecciones generales de mayo de 2024, se puede aseverar que uno de los principales vicios que ha sufrido la política exterior de esta administración ha sido la falta de congruencia discursiva ante la realidad material de nuestro país.
La falta de congruencia discursiva no implica una desconexión de la administración Cortizo con la definición textual de política exterior. La realidad es que la actual administración tiene muy bien identificados los intereses que persigue en el plano internacional. El problema radica en que dichos intereses no compaginan con los verdaderos intereses nacionales (entre ellos la transparencia, la democracia, la preservación de un medio ambiente sano, el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional). Es por ello que quienes analizamos estos temas, oscilamos, en ocasiones, entre la confusión y la indignación. En ese sentido, los acontecimientos nacionales que se vienen desarrollando desde hace más de un mes y algunas actuaciones de nuestro país en el plano internacional y regional, exponen de forma clara la incongruencia discursiva de la actual administración y la desconexión de sus intereses con los del país.
Luego del inicio de las hostilidades en la Franja de Gaza en el marco del conflicto armado entre Israel y Hamás, la Canciller de la República dijo que lo único que demandaba Panamá era el respeto al derecho internacional humanitario y a los Convenios de Ginebra, en particular en lo relativo a la protección de los civiles. Acto seguido, el 27 de octubre de 2023, Panamá se abstuvo en la votación de la resolución ES-10/21 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulada “protección de los civiles y cumplimiento de las obligaciones jurídicas y humanitarias” que en términos generales pedía a las partes cumplir con el derecho internacional humanitario y proteger a la población civil. De igual manera, el 9 de noviembre de 2023, Panamá se abstuvo en la resolución A/C.4/78/L.15 donde se reafirma la ilegalidad de los asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado y en el Golán sirio ocupado, actividad que va en detrimento de la soberanía y la integridad territorial de los Estados, principios muy caros a la propia razón de ser del Estado panameño.
En el marco regional la tónica parece ser la misma, el 15 de noviembre de 2023, Panamá se abstuvo en la resolución 1235/23 del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos titulada “Acontecimientos recientes que afectan el Estado de derecho y la transición presidencial democrática en Guatemala”. Dicha resolución hace un llamado al respeto a la institucionalidad democrática guatemalteca y a la observancia del proceso de transición constitucional, ante los embates autoritarios que sufre el hermano país centroamericano. Resulta inexplicable cómo Panamá, a la luz de su experiencia histórica con el autoritarismo, haya optado por abstenerse.
Si a nivel internacional optamos por abstenernos, a nivel nacional tratan de sorprendernos. La reciente polémica en torno a la corta vigencia de la pesca de arrastre ejemplifica, también, la incongruencia discursiva y los intereses contrapuestos. Mientras que el país entero, bajo el lema “el oro de Panamá es verde”, protesta en contra de la minería y exige la preservación de un medio ambiente sano para las futuras generaciones en momentos de incertidumbre climática global, la administración actual intentó reglamentar la pesca de arrastre, destructiva de la biodiversidad marina, y que, en ocasiones, lleva a la extinción de especies y hábitats enteros. Lo anterior es aún más desconcertante cuando se lee en conjunción con el afán de nuestro país en posicionarse como nuevo “líder mundial azul”, nuestra participación en el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical y con el hecho cierto de que Panamá es señalada a nivel internacional por facilitar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
A grandes rasgos, las posturas asumidas por la actual administración, en momentos de crisis nacional, parecen ir en detrimento del derecho internacional humanitario, de la soberanía y la integridad territorial de los Estados, de la protección de la democracia en un Estado de derecho en apego a la transparencia y a los derechos humanos, y de la preservación de un medio ambiente sano. La falta de explicaciones de votos o de una congruencia lógica en las actuaciones ambientales aportan más a las críticas. La incapacidad de comprender la importancia de ciertos valores y principios para la definición del verdadero interés nacional a ser defendido a nivel internacional, han menguado la política exterior de esta administración. No queda más que aspirar a que futuras administraciones estén a la altura de las circunstancias y de las expectativas nacionales para así corregir el rumbo en materia de política exterior.
El autor es abogado y profesor de derecho internacional
