Un elemento necesario para que el país crezca y se desarrolle es la productividad. Que cada empresa, negocio y trabajador tenga la capacidad de generar empleo, recursos y los suficientes tributos para aportar tanto al fisco como a la Caja de Seguro Social (CSS), de manera que el Estado pueda resarcir a su población con salud, educación, obras públicas, agua y demás necesidades básicas para el crecimiento y desarrollo ciudadano.
Pero la productividad implica cumplir y ejercer una serie de reglas, responsabilidades y balances, para que la elaboración o uso del producto en relación con la producción obtenida sea eficiente y, por consiguiente, no genere desabastecimiento, escasez, disminución de oferta, desincentivo a producir y, por ende, una pérdida continua de la riqueza como eje central de la productividad. En Panamá, la pandemia sirvió de excusa para cerrar empresas y confinar a sus trabajadores en casa. Este cierre y confinamiento llevó a la quiebra de negocios, la suspensión de salarios y la pérdida de empleos. El sector privado perdió en 2020 un aproximado de 327,340 plazas de trabajo. Es decir, el 37% de sus empleos formales, que redujo en un 40% los ingresos provenientes de la cuota obrero patronal a la CSS.
A lo anterior debemos sumar que el gobierno no ha realizado una inyección importante o creado la condición adecuada para que la empresa privada, la mayor generadora de empleo en el país y cerrada por tanto tiempo, pueda despegar. Lo demuestra la escasez de fondos otorgados a la micro, pequeña y mediana empresa o los emprendedores, así como la falta de una inversión, tanto privada como pública, razonable. En su defecto, ha preferido abultar la planilla estatal, tal vez con la excusa de que a esa gente hay que tenerla emplanillada aunque no haga nada, para que goce de un sustento económico, no pase hambre y genere movimiento económico con un dudoso salario. Craso error. En primer lugar, las botellas no producen riqueza de ningún tipo. Al ser mantenidos, generan un enorme gasto al Estado a pesar de tratarse de una minoría. Gasto además que se mantiene con deuda, cuyo abultamiento perjudicaría un grado de inversión cuya disminución elevaría el costo de intereses, mismos que le quitan al Estado los dineros para inyectar en salud, educación, obras públicas y demás necesidades básicas para la población. Por tratarse de servidores públicos, las botellas tampoco aportan tributos significativos, porque ese dinero que reciben es el mismo que el Estado saca de un bolsillo a otro. Por consiguiente, el funcionario no tributa dinero fresco al Estado.
La empresa privada fue, es y ha sido siempre el principal generador de riqueza en Panamá. De ella nacen los impuestos para que el Estado pueda funcionar a satisfacción, así como las cuotas a la hoy casi quebrada CSS, por razones ajenas en este momento al argumento central de este escrito. Lamentablemente, pareciera fortalecerse la política de un Estado interventor, ejercida por este gobierno para disminuir la libre empresa y eso es peligroso. Lo hemos visto con la solidaridad forzada a la mayoría de la población contratada en el sector privado, ante una minoría que no compartió absolutamente nada de lo recibido durante toda la pandemia: el servidor del Estado. Y así seguiremos con un sector privado disminuido por la fuerza de los confinamientos y ahora cierres, tranques, subsidios, incentivos o controles de precios, márgenes de ganancias y barreras comerciales frente a un gobierno débil, sumiso y confundido. Mismo que engorda la planilla estatal con gente improductiva que, a mediano plazo, no podrá ser sostenida por el monto de ese enorme peso y la falta de generación de riqueza a la sociedad.
El problema ahora estriba en que botar 27 mil botellas significaría como $300 millones al año que se dejan de colocar en la economía, a pesar de que son un ahorro importante para el Estado. Pero esta razón de mantenerlos que, además, es humana, podría ser la justificación perfecta para que el gobierno, en nombre de la inyección económica que implica tener y generar botellas, continúe esta política hasta que el Estado se quede sin dinero. Entonces no podrá mantenerlas porque perderá su grado de inversión, no podrá pedir prestado, tendrá que despedirlas de todas maneras, perdiendo esa inyección de 300 millones anuales y deberá, para rematar, tener que subir los impuestos para darle prioridad al pago de la deuda. ¿Será eso lo que queremos?
El autor es abogado.
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