La seguridad escolar en Panamá presenta oportunidades de mejora. Se trata de un tema crucial para bienestar de los estudiantes. Jóvenes Unidos por la Educación (JUxLAE) enfatizó en esta prioridad al incluir, en ‘‘24 para el 24′', una propuesta de solución entre las presentadas a los candidatos presidenciales en Panamá.
En un entorno político cada vez más complejo, se deben abordar soluciones a problemas fundamentales que impactan directamente en la educación. Uno de estos problemas es el acceso desigual a servicios básicos como agua potable, saneamiento, electricidad, comunicación e internet en las escuelas. JUxLAE propone el programa “Escuelas Seguras”, que busca implementar estándares integrales para asegurar espacios escolares confiables y garantizar la seguridad física de los estudiantes, así como el acceso a servicios esenciales.
La ejecución de este programa no solo garantizará la seguridad de los más de 918,336 estudiantes actuales, según el censo de 2023, sino que proporcionará condiciones propicias para su crecimiento académico, personal y social, mejorando la calidad del aprendizaje y preparando a los estudiantes para el mundo digital.
La educación, como pilar fundamental del desarrollo económico y social, demanda la participación activa y comprometida de diversos actores. En este contexto, la colaboración del Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional por la Educación (COPEME), dando seguimiento a la implementación de un programa como Escuelas Seguras, es crucial. Su papel trascendental radica en identificar de manera efectiva las necesidades de la comunidad educativa, a fin de monitorear que las autoridades responsables hagan llegar a tiempo los recursos necesarios para el óptimo funcionamiento del sistema educativo. La sinergia entre el Copemey el Ministerio de Educación
(Meduca) y las demás entidades involucradas construiría un compromiso colectivo que impulsa el bienestar social a través de la mejora continua del quehacer educativo.
Las pruebas del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) proporcionan una perspectiva profunda sobre el rendimiento estudiantil y el impacto directo de las instituciones educativas. Al realizar el cálculo de la correlación intraclase, se revela un dato significativo: aproximadamente el 46% de la variabilidad en los logros de aprendizaje puede ser atribuido a las diferencias existentes entre las escuelas. Este hallazgo subraya la necesidad de focalizar esfuerzos en mejorar y optimizar los recursos educativos, reconociendo que la calidad de la educación no solo se encuentra en el aula, sino también en el contexto que ofrece cada institución. La comprensión de estas disparidades interinstitucionales aportan una base sólida para implementar estrategias efectivas que aborden las áreas críticas y fortalezcan el sistema educativo integralmente, elevando así los estándares de aprendizaje y promoviendo la equidad en la educación.
En la búsqueda de una educación mejor, es importante reconocer el papel crítico que desempeñan las infraestructuras escolares en el desarrollo integral de los estudiantes. Las escuelas equipadas con servicios básicos son fundamentales para su bienestar físico y emocional, así como claves en su motivación, éxito académico y preparación para el futuro profesional.
La disponibilidad de internet y electricidad en las escuelas son recursos necesarios en la era digital, facilitando el acceso a información actualizada, investigaciones en línea y al desarrollo de habilidades tecnológicas. Además, permiten el acceso a herramientas educativas en línea, ampliando las oportunidades de aprendizaje.
La colaboración entre el gobierno, las autoridades educativas, instancias como el Copeme y la sociedad civil debe ir más allá de meros acuerdos. Implica la creación de mecanismos eficientes de diálogo y de consulta, en los que las opiniones y experiencias de la sociedad civil sean genuinamente consideradas en la toma de decisiones.
La clave para garantizar que cada escuela tenga acceso a los recursos necesarios reside en la transparencia y en la rendición de cuentas. Se deben establecer mecanismos claros que aseguren que los fondos destinados a la educación se utilicen de manera eficiente y equitativa. Además, la participación activa de la sociedad civil en la supervisión y evaluación de estos procesos contribuirá a mantener la integridad y eficacia de las medidas implementadas. Esta participación activa no solo fortalece la legitimidad de las políticas educativas, sino que también aporta una riqueza de perspectivas que enriquecen el proceso de diseño e implementación.
La autora es miembro de Jóvenes Unidos por La Educación
