No es cierto que la Guardia Nacional llevó a cabo su golpe de Estado para “sanear” la administración pública. La Guardia Nacional era el ente más corrupto del Estado panameño.
Facilitaba, desde apuestas clandestinas hasta el tráfico de drogas y armas, pasando por la trata de personas y la prostitución, el contrabando de mercancías y los monopolios deshonestos. Era, además, muy represiva, particularmente en contra de las capas populares.
¿Por qué dio el golpe? El ascenso al poder de Arnulfo Arias, el 1 de octubre de 1968, amenazaba con desarticular a la corrupta oficialidad de la Guardia Nacional y, con ello, poner fin a los ingresos ilícitos que recibían los comandantes y sus secuaces.
El presidente Arias destituyó a un comandante e hizo rotar a varios oficiales, sembrando el pánico en la corrupta oficialidad, la cual temía que se esfumaran sus ganancias ilícitas. En contubernio con políticos desafectos del partido Liberal, la corrupta oficialidad se valió del mayor Martínez, jefe militar de Chiriquí, a quien le calentó la cabeza con la especie chabacana de que el Dr. Arias “irrespetaba” a la Guardia Nacional.
Martínez cayó en la trampa, puso en ejecución el plan que había sido elaborado por la inteligencia militar estadounidense en caso de una toma comunista en Panamá y derrocó al Dr. Arias. Cuatro meses después—en febrero de 1969—atado y amordazado, Martínez fue puesto en un avión y depositado en Miami, mientras sus compañeros, muy felices, seguían empachándose de la cosa pública.
No es cierto que la Guardia Nacional dio el golpe para afianzar la soberanía nacional. Ya en 1967, Estados Unidos había accedido al reconocimiento de la soberanía panameña en la zona del canal y la abrogación de la cláusula de perpetuidad del tratado Hay-Bunau Varilla.
También había decidido que el canal y los territorios ocupados se entregarían de acuerdo con un cronograma que culminaría en 1999 y que Panamá tendría creciente participación en los beneficios y la administración de la vía acuática durante el período de transición.
Todo ello, a cambio de que se garantizaran los objetivos estadounidenses: el uso prioritario del canal para la armada estadounidense; la posibilidad de incidir en la fijación de peajes y de construir una nueva vía acuática (o un nuevo carril en el canal existente); la permanencia de las bases militares hasta 1999, con la posibilidad de su prolongación; y el “derecho” de intervención militar.
Como estas aspiraciones no eran aceptables a los nacionalistas panameños, quienes abogaban por la completa desmilitarización y la auténtica neutralización del canal, Washington comprendió que no era posible conseguir sus metas mientras en Panamá prevaleciese la libertad de expresión y un sistema republicano de gobierno. Por eso le dio la bienvenida al golpe: reconoció al régimen golpista poco después (14 de noviembre) e inundó a la dictadura con ayuda económica y militar.
A cambio, obtuvo la neutralización, no del canal, sino de quienes se oponían a sus designios. Consiguió la tan anhelada estabilidad y logró unos tratados que cumplieron con las expectativas de Washington, incluyendo el “derecho” de intervención a perpetuidad.
Algunos panameños protestaron contra la condición de Concini, agregada unilateralmente por el Senado estadounidense en marzo de 1978 para implementar este “derecho”. Entre ellos, los estudiantes universitarios Jorge Camacho y Demóstenes Rodríguez, asesinados por la Guardia Nacional el 15 de junio siguiente.
El 16 de junio, el denominado “jefe de gobierno” de Panamá ratificó la condición de Concini y el 17, el presidente Jimmy Carter vino al Istmo a celebrar ese gran logro de su política exterior (The Washington Post, 17 de junio de 1978).
No es cierto que la Guardia Nacional dio el golpe de 1968 para promover reivindicaciones socioeconómicas. La oficialidad golpista no tenía ningún plan de gobierno ni sabía qué hacer en el poder (más allá de robar).
Tanto es así que le “ofreció” la presidencia de la República al primer vicepresidente, Raúl Arango Navarro, quien, de acuerdo con el finado profesor Ricord, rechazó semejante ofrecimiento. Se optó, entonces, por la junta militar (Los clanes de la oligarquía, pág. 117).
Aconsejada por un pequeño grupo de seudoizquierdistas—quienes aprovecharon la coyuntura para encaramarse en el poder—la dictadura adoptó un discurso “tercermundista” y puso en marcha medidas populistas para ganar simpatías.
Salpicadas de abundante corrupción, las medidas fracasaron. En 1980, dicen Zimbalist y Weeks en Panama at the Crossroads (1991), había más pobreza y desigualdad en Panamá que a la víspera del golpe.
Entre 1975 y 1980, afirman los autores, el número de familias pobres aumentó en 45 mil 300. En el mismo lustro, la pobreza urbana aumentó de 33% a 47% (pág. 124). El consumo de alimentos no mejoró sustancialmente, mucho menos para los pobres: en 1980, el 40% de la población rural y el 12% de la población urbana padecía insuficiencia alimentaria (pág. 126).
Según un estudio del Banco Mundial (1975), los salarios reales se estancaron a mediados de la década de 1970 (pág. 21). Como resultado de la política económica de la dictadura, el crecimiento económico, que fue robusto en la década anterior, declinó estrepitosamente a partir de 1973.
La inversión no estatal, lo mismo que el empleo en el sector privado, cayeron en picada. La gran mayoría de los trabajos que se crearon fueron establecidos por el régimen con propósitos clientelistas.
Esta expansión—así como la inversión pública en obras de infraestructura, con gruesos sobrecostos y actividades productivas deficitarias (ingenios azucareros, plantas de cemento, etc.)—se financió con deuda pública, la cual alcanzó el 80% del producto interno bruto hacia 1980 (pág. 2).
En la década de 1980, la situación empeoraría aún más, producto del recrudecimiento de la dictadura y las sanciones económicas estadounidenses. Un pronunciado retroceso político, social, económico y moral es el saldo del régimen golpista que irrumpió en el escenario nacional el 11 de octubre de 1968.
El autor es politólogo e historiador, director de la Maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá y presidente de la Sociedad Bolivariana de Panamá.
