La justicia panameña ha pasado de ser escasa, arreglada e inoperante, a excesiva, selectiva y disfuncional. Los únicos indagados o condenados, hasta la fecha, no tienen apellidos rimbombantes. El espectáculo exhibido por el Ministerio Público (MP) ha sido más para mitigar la presión mediática que para ejercer un deber profesional imparcial. La impericia de las fiscalías ha propiciado la admisión de denuncias falaces, manipuladas o insustanciales. Pongo como ejemplos, sesgos aparte, los casos de Lucy Molinar, Alberto Maggiori o mi hermano. Los han investigado hasta la saciedad, escudriñando cuentas bancarias, transacciones financieras, bienes adquiridos, cuestionamientos a proveedores, auditorías a licitaciones, etc., y no se les ha encontrado ningún indicio de enriquecimiento injustificado. Como les cuesta asimilar que también hubo funcionarios honrados en la administración pasada, mantienen impedimento de salida del país especulando sobre supuestas irregularidades administrativas, muchas de las cuales responden a pruebas amañadas, contradictorias entre sí, realizadas por auditores internos sin idoneidad y con evidente sed de venganza (para muestra solo hay que leer los efluvios biliosos del Sandalio gremialista, despedido por mediocre y vago, pero ahora en puestos directivos de la CSS, que rebuzna de manera pusilánime a través del paradójico seudónimo “sincerohonesto”).
Otros exdirigentes, sin ser gente peligrosa ni fugitiva, están en detención “preventiva”, irrespetando la presunción de inocencia, destruyendo la familia y dilatando la posibilidad de un juicio neutral.
Mientras la justicia se entretiene con expedientes de poco relieve, parece haber protección de la impunidad de los más poderosos para potenciales componendas políticas o económicas de conveniencia. Tanta alharaca sobre la posesión de evidencias contundentes contra Martinelli, pero por violación al debido proceso, lentitud de trámites jurídicos, fabricación artificial de testimonios o inconsistencia en alegaciones, las gestiones de extradición no prosperan, algo que genera suspicacia de incompetencia o complicidad.
Quizás, con el destape del tema Odebrecht no convenga proseguir con la traída del expresidente a suelo istmeño, debido al riesgo que supone su conocimiento sobre los tradicionales contubernios de los “famosos”, quienes amparados en pactos de no agresión, escapan habitualmente del embarre de corrupción. Resulta curioso percatarse de que, con este enorme escándalo internacional, el Tribunal Electoral no quiera revelar las donaciones a candidatos ni la Contraloría proceda a evaluar todas las obras de la constructora brasileña en el período 2005-2016. No se trata de solo recuperar el dinero robado, sino de que el MP se meta de lleno en este grotesco y masivo enjambre de podredumbre política, sin importar el calibre de nombres que vayan apareciendo durante las indagaciones. De paso, se podrían inspeccionar también los más que posibles entuertos de otros emporios comerciales, los cuales, aprovechándose de las acostumbradas prácticas clientelistas de los tres órganos del Estado, han ido crónicamente drenando las arcas públicas.
La Asamblea Nacional es, sin duda, el peor antro de corrupción en Panamá. Ningún gobierno ha tenido la voluntad y fortaleza moral para auditar el destino de las millonarias partidas otorgadas a los “legisladores” para hipotéticas obras en sus circuitos electorales, pese a que existe una petición formal del abogado Cedeño, empapada de alcanfor en algún gabinete de la Corte Suprema. Como señala la diputada Zulay, la taquilla de chantajes está localizada en este recinto parlamentario y desde hace mucho tiempo. Para distraer la atención del pueblo y alejar los focos de sus podridas actuaciones, se enarbola la bandera del nacionalismo contra la lista Clinton. La honestidad es la mejor manera de honrar a la Patria y sus mártires que lanzar piedras o insultos al consulado gringo. Me desagrada la intromisión de un embajador foráneo en asuntos soberanos, pero dificulto que Estados Unidos no tenga pruebas claras contra un individuo, cuando procede a incluir su identidad entre los perseguidos por su sistema judicial. La criticada decisión de la vicepresidenta sobre no defender la honra de un compatriota hace presumir que el gobierno tiene información fiable sobre la gravedad de las acusaciones. Concuerdo, sin embargo, con el periodista Tapia en que la inocencia debe ser venerada hasta que no sean visibilizadas las certidumbres incriminatorias. Celebro las diligencias de la sociedad y de la Cancillería para conseguir la prórroga de operación a la corporación GESE. La Estrella, por su postura más equilibrada, hace contrapeso a las líneas editoriales antagónicas entre La Prensa y El Panamá América.
Mientras la justicia no actúe de manera vehemente en el vergonzoso Cemis, en la confesión de pagos por Tito Afú o Bosco Vallarino, en el delito de intrusismo profesional de Grimaldo Córdoba o en la obscena conducta de Mossack-Fonseca y de otros bufetes de abogados, que esconden capitales procedentes de sobornos, evasión de impuestos y actividades de narcotráfico, pero sí lo hace en todas las imputaciones al CD, aunque solo a partir del mes 27 de gobierno, ¿cómo la procuradora pretende convencernos de que, aun con la inestimable ayuda del Espíritu Santo, la sociedad sabrá la totalidad de los espurios vericuetos de Odebrecht, un hedor que probablemente contamina a numerosos políticos, abogados, sindicalistas, jueces y periodistas del patio? De quedar impune este colosal aquelarre delictivo, será el más grande fiasco de nuestra inmadura democracia en sus 25 años de existencia. Solo espero que la indignación social por dicha confabulación sea de tal magnitud que conduzca a una completa revolcada del sistema político panameño. Un mejor país es posible. Basta ya.
