El sensacionalismo que causó el desglose de los montos que, preliminarmente, van a ser entregados en concepto de financiamiento público poselectoral, originó desinformación sobre el uso de dichos montos. Muchas personas, inclusive, afirman que este dinero puede ser utilizado arbitrariamente y no está sujeto a regulaciones ni fiscalización por parte del Estado.
Lo anterior no puede estar más alejado de la realidad.
El financiamiento público, entre otros motivos, se fundamenta en la necesidad de nivelar las posibilidades de los candidatos y partidos políticos, contrarrestando la dependencia de donaciones particulares, con el objetivo de equiparar las oportunidades en el plano electoral. En nuestro país, el monto destinado al financiamiento electoral equivale al 1% de los ingresos corrientes presupuestados para el Gobierno Central del año anterior a las elecciones generales. Este monto se divide en dos, destinando una mitad al financiamiento “preelectoral” y la otra, naturalmente, al financiamiento “poselectoral”.
En concreto, el monto disponible para entregar en concepto de financiamiento poselectoral es de $54,510,906.71. De ese monto, el 20% ($10,902,181.34) se entrega, en partes iguales, a los partidos políticos que subsistieron luego de la elección; y el 80% ($43,608,725.37) se divide entre los partidos políticos y los candidatos por la libre postulación que resultaron electos, dependiendo de la cantidad de votos obtenidos. Una serie de operaciones aritméticas determinó que el reparto por cada voto válido es de $15.47.
En otras palabras, se multiplican los votos obtenidos por $15.47 y así se obtiene el monto que debe ser entregado a cada partido y candidato por la libre postulación. Se hace una distinción, puesto que, en el caso de las personas electas a través de un partido, el monto se entrega directamente al partido y, en el caso de los candidatos por la libre postulación, el monto se les entrega a ellos, a título personal. Estas disposiciones ocasionaron que a tres diputados y una alcaldesa por la libre postulación se les asignaran montos que superan el millón de balboas a cada uno.
Ahora bien, ¿estos montos pueden ser utilizados discrecionalmente? La respuesta es no.
Cuando la suma supera los $20,000.00, se entrega trimestralmente en cinco anualidades. La entrega está condicionada; el candidato debe someter a la aprobación del Pleno del Tribunal Electoral un presupuesto, el cual deberá ser sustentado trimestralmente ante la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político. Estos montos son para contribuir a los gastos de funcionamiento y capacitación. En los casos de los funcionarios de libre postulación, únicamente pueden ser utilizados para gastos de estudio, equipamiento y capacitación, y para organizar actividades académicas del candidato electo y su equipo de trabajo. En el caso de los partidos políticos, estos montos deberán dividirse entre funcionamiento y capacitación, incluyendo porcentajes específicos para la capacitación de mujeres, juventud y personas con discapacidad. De no cumplir con lo anterior, el Tribunal Electoral está facultado para suspender los desembolsos del financiamiento.
El Código Electoral también contempla la posibilidad de que el candidato decline y no reciba el financiamiento poselectoral, en cuyo caso dicha suma se destinará para el uso exclusivo de investigación científica en la Senacyt.
Como hemos visto, la reglamentación del financiamiento poselectoral contempla una fiscalización para el desembolso de dichos montos, que no podrán ser utilizados a discrecionalidad. Es cierto que, del principio de igualdad se desprende una distribución igualitaria de los fondos entre partidos y servidores electos de libre postulación. No obstante, luego de ver esta normativa aplicada a la realidad, nos corresponde cuestionarnos la razonabilidad de que personas naturales reciban cuantiosas sumas de dinero que, inclusive, podría ser considerado desproporcionado para los fines que la misma ley contempla.
La autora es miembro de la Fundación Libertad.
