La globalización y el desarrollo exponencial de la tecnología no hay duda que ha beneficiado a nuestras sociedades; sin embargo, ha propiciado oportunidades para el crecimiento de una delincuencia organizada con vastos recursos y capacidades que han derivado en actividades ilícitas como lo son el narcotráfico, trata de personas, terrorismo, tráfico de armas, comercio de migrantes y ahora, con la bomba migratoria que vivimos, el fraude cibernético, el fortalecimiento de una cultura de corrupción en todo el tejido social de nuestras sociedades, etc.
Nuestro país no escapa a este fenómeno aun cuando no hemos llegado a la estatura de otras organizaciones criminales que han trascendido fronteras, pero si no actuamos con entereza y decisión, corremos el riesgo de que, en Panamá, estas organizaciones se desarrollen de forma similar tal como se ha dado en otros países hermanos. Y estoy convencido que ningún panameño así lo desea.
El proyecto de ley 625, presentado por el ministro Juan Pino al pleno de la Asamblea Nacional en abril del 2021, no responde a ninguna imposición de nadie sino a una reacción internacional de la cual somos parte, producto de la modificación de personajes del crimen. Al fortalecerse el accionar del crimen organizado, las víctimas, nuestra sociedad, dependen de la defensa que proporcionen los Estados a los que pertenecen. Apliquemos entonces aquella frase: “si ves el rancho de tu vecino arder, pon tu barba en remojo”.
¿Qué es extinción de dominio? Es una consecuencia jurídica patrimonial de las actividades ilícitas, consistente en la pérdida, a favor del Estado, de cualquier derecho sobre los bienes de origen o destinación ilícita. En pocas palabras, que se obtuvieron de forma ilegal, contrario a la ley.
Las posiciones de algunos miembros de la Asamblea Nacional, contrario al espíritu de lo que se busca alcanzar con este proyecto de ley, no es beneficioso para lo que se busca lograr: cortar la yugular financiera de las organizaciones criminales que, aun estando privados de su libertad, pueden seguir financiando actividades, entre esos, el sicariato.
Si existe alguna preocupación, que es válido entender, entonces tienen la potestad de hacer las modificaciones pertinentes como lo ha manifestado el ministro Pino. Dado la inquietud de algunos diputados y abogados, desde el año pasado el Ministerio de Seguridad planteo el desarrollo de una mesa de trabajo técnico para enriquecer el proyecto de ley con la participación de diversos gremios, incluyendo la academia. No entiendo entonces en qué se basan para detener este proyecto. No voy entrar en especulaciones como muchos así lo comentan y que respeto; solo aspiro a comprender, con pensamiento crítico, las objeciones que motivan los argumentos que frenan esta propuesta de ley. Si es jurídico, que creo es el meollo del asunto, ahí están los especialistas abogados para responder cada una de las críticas que ha surgido, como que esta figura viola el derecho al debido proceso y que esta figura violenta el principio de presunción de inocencia. Lo importante es su aporte y que le dé forma a esta importante norma.
Si nueve países de América Latina la han adoptado, cada uno de acuerdo a sus circunstancias que no son iguales a la de Panamá, ¿por qué razón buscamos argumentos que no conlleven propuestas para llegar a consensos?
Comparto lo señalado por el ministro Pino al manifestar que el buen funcionamiento de toda organización criminal depende de su soporte financiero, si se encuentra bien organizada y tiene músculo financiero, la organización funcionará sin importar quién la dirige. Por ello, en el combate de la criminalidad organizada, se debe buscar el espíritu de lo que se tiene que combatir. Como quiera que la finalidad de las actividades ilícitas como el narcotráfico es obtener lucro y poder, hacia eso precisamente es que va dirigida la acción de extinción de dominio de bienes ilícitos.
El autor es licenciado en relaciones internacionales
