Grado de inversión: ¿perderlo o conservarlo?

Es negativo que Panamá, como país, deba endeudarse con fuentes externas debido a su incapacidad para generar ahorro interno que financie las necesidades de su población. Pero peor aún es que ese endeudamiento —parasitario y destructivo— se destine a sostener a cientos de miles de empleados públicos que cobran del erario sin trabajar o trabajando mal. A esto se suman miles de millones de balboas despilfarrados en inversiones innecesarias, mal gestionadas y atadas al uso politiquero y corrupto del poder.

Y “más peor” (si se permite el énfasis irónico), es que el pago de esta deuda se convierta en una carga creciente que fuerzas políticas y gobiernos ineptos y rapaces imponen sobre los hombros del país, tanto en el presente como hacia el futuro.

La conducción de la economía, que debería regirse por políticas públicas efectivas y honestas orientadas a fomentar el ahorro y la inversión nacional, se ha reducido a un vergonzoso malabarismo con el grado de inversión y las relaciones con las calificadoras de riesgo. No tenemos un Ministerio de Economía: tenemos una casa de empeño invertida.

Para que Panamá llegue a ser un país serio y adulto, que camine con sus propios pies y se sacuda, al menos parcialmente, la pesadilla de perder el grado de inversión, proponemos un Plan de Reconstrucción y Construcción Moral, Cívica, Política, Económica y Social, con 32 recomendaciones sencillas que van al fondo del problema. De ellas, las más urgentes son:

Los organismos del sector público, en todos los niveles, deberán presentar al inicio de cada año un plan de funcionamiento e inversión, cuyo cumplimiento será evaluado al finalizar el año.
Toda persona que preste servicios en el sector público deberá someterse a un proceso de selección y evaluación periódica. El desempeño será condición para continuar en el cargo.
Se eliminará el subsidio electoral a partidos políticos con fondos públicos. Será reemplazado por la obligación de los medios de comunicación de otorgar espacios gratuitos para la propaganda de los candidatos.
El robo o malversación de fondos públicos, la colusión entre proveedores para fijar precios, la posesión ilegal de armas letales, el narcotráfico, el homicidio y femicidio, el blanqueo de capitales, el fraude electoral y cualquier forma de discriminación serán castigados con reclusión perpetua.
El endeudamiento público solo se permitirá para financiar proyectos de inversión cuya rentabilidad social haya sido rigurosamente evaluada.
El Estado deberá proteger a la ciudadanía frente a los abusos y deficiencias del sector público y privado, aplicando las sanciones administrativas, pecuniarias y penales correspondientes.
Ninguna administración del Estado deberá dejar deudas con proveedores nacionales a la administración siguiente.
No habrá reelección para ningún cargo en el sector público.
No se concederán moratorias de ningún tipo para el pago de impuestos o compromisos con entidades del sector público.

Nota: El plan completo con las 32 propuestas puede consultarse en el siguiente enlace de Google: Plan de Reconstrucción Moral.

El autor es consultor en asuntos económicos y bancarios.