Pareciera que no.
En 2023 fuimos testigos del movimiento social más grande del siglo en nuestro país. Las protestas “antimina” (aunque se supo que respondían a múltiples causas) se hicieron sentir con fuerza, y el gobierno de turno no tuvo más alternativa que, de una u otra forma, ceder. Calles repletas de personas protestando pacíficamente demostraron que, cuando el pueblo se une por una causa, se pueden lograr grandes cosas.
Ahora bien, no todas las manifestaciones fueron pacíficas, y el país quedó “trancado” durante varias semanas, ante la inacción de un gobierno que aparentemente pensaba más en las elecciones que en garantizar el libre tránsito de los panameños y el abastecimiento de insumos y alimentos.
Las protestas verdaderamente masivas fueron las pacíficas, aquellas que no bloquearon vías ni impidieron el paso del resto de la ciudadanía. Es importante entender por qué se protestaba. Si bien la minería —y en particular la mina de cobre— fue usada como bandera, también se expresaba una profunda frustración por la corrupción gubernamental, además de un rechazo al contrato minero.
Casi un año y medio después, es evidente que la economía del país —y con mayor fuerza la de las comunidades cercanas a la mina— sufrió un duro golpe con el cierre abrupto de operaciones. Del mismo modo, la seguridad jurídica de Panamá quedó en entredicho cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato de la mina de cobre, a pesar de que había sido aprobado y refrendado por todas las autoridades competentes.
Por eso, sin restar importancia al factor ambiental, este no puede ser el único criterio a considerar al momento de tomar una decisión sobre la reapertura de la mina. Ha llegado el momento de que todos los panameños analicemos la situación sin pasiones, para decidir lo mejor en un asunto tan trascendental, capaz de marcar el futuro del país.
Tal vez lo que corresponde sea la reapertura de la mina, generando empleos e ingresos importantes para Panamá. De ser así, esto debería hacerse negociando un nuevo contrato con First Quantum, con mayores beneficios para el país y el más estricto monitoreo ambiental para mitigar, en la mayor medida posible, el impacto ecológico.
O tal vez debamos abrir la mina solo por un periodo limitado, con el único fin de llevar a cabo un cierre ambientalmente adecuado, como estaba previsto, y evitar dejar un pasivo al país.
Sea cual sea la respuesta, el domingo 24 de marzo de 2025 se realizó una vigilia “antimina” en la Cinta Costera, cuya asistencia no se acercó a lo visto en 2023. Una posible razón para ello es que la realidad económica actual es muy distinta, y muchos panameños han reconocido el potencial y el bienestar económico que podría traer la reapertura de Minera Panamá.
Esperamos que el gobierno tome la mejor decisión, analizando a conciencia todos los factores.
La autora es abogada.