No me arrepiento de haber propuesto al entonces magnate Donald Trump como “persona non grata” ante el Consejo Municipal de Panamá en 2016, que lo condenó unánimemente en ese sentido, ya que, desde entonces, Trump despotricaba contra nosotros.
El empresario no era presidente de Estados Unidos y tuvo un incidente conflictivo con el gobierno nacional, relacionado con irregularidades cometidas en relación con la Torre Trump, que construyó en la ciudad de Panamá.
Trump intentó infructuosamente, con malas artes —como es su costumbre—, que le levantaran tal acusación.
Ahora, con mayor razón, Trump es non grato, ya que está cumpliendo su amenaza de recuperar el Canal de Panamá por las buenas o por las malas, actuando como el verdadero matón del barrio.
La visita de Marco Rubio, secretario de Estado, y de Peter Hegseth, secretario de Defensa, nos arroja las siguientes conclusiones:
Panamá está siendo víctima de una “operación trick-fuck”, un término castrense estadounidense que describe una maniobra o acción “deliberadamente confusa, contradictoria o tramposa, diseñada para sacar ventaja, sancionar o vulnerar a otra parte”. La maniobra trick-fuck destruye nuestra soberanía mediante artilugios, falacias y medias verdades.
Bajo Donald Trump, Estados Unidos intenta recuperar el control geoestratégico de Panamá e involucra falsamente a la República Popular China, que nunca ha intervenido en el Canal, siempre ha respetado la neutralidad de la vía acuática, nuestra soberanía y ha apoyado incondicionalmente el desarrollo independiente de Panamá.
Estados Unidos obligó a Panamá a suspender o cortar el acuerdo entre Panamá y China (Memorando Varela-Xi Jinping de 2018) para cooperar con la Iniciativa de la Franja y la Ruta, lo cual constituye una inaceptable coerción sobre nuestra independencia, así como una brutal intervención en nuestros asuntos externos.
Estados Unidos viola el Tratado de Neutralidad —especialmente el artículo 5—, los acuerdos bilaterales con Panamá, la Carta de la ONU y el derecho internacional.
Estados Unidos se convierte de esta manera en un Estado paria y renegado del derecho internacional.
La exigencia de Hegseth de que se exonere de peajes a los buques militares de Estados Unidos y de remilitarizar Panamá es una grosera e inaceptable imposición que anula el mal llamado Tratado de Neutralidad, que Estados Unidos intenta aplicar en el marco de su seguridad nacional.
Panamá debe encabezar la denuncia de Estados Unidos como un Estado delincuente y prófugo del derecho internacional.
La militarización de Panamá y el intervencionismo estadounidense han sido condenados históricamente por nuestro pueblo y lo seguirán siendo en el futuro.
Sea del tipo que fuere, cualquier acuerdo con Estados Unidos debe ser aprobado primeramente por la Asamblea Nacional y, según nuestra Constitución, por el pueblo de Panamá mediante referéndum o plebiscito, tal como ocurrió con los Tratados Torrijos-Carter en 1977.
Mientras este requisito no se cumpla, todo acuerdo (memorando de entendimiento, canje de notas, acuerdo en forma simplificada, acta) es nulo.
Para evitar un conflicto geopolítico por el control de canales, estrechos naturales y ríos internacionales, es imprescindible acordar la neutralización permanente de estas vías acuáticas, a fin de evitar que sus pueblos ribereños (como Panamá) sean objeto de ataques, agresiones y acciones depredadoras por parte de grandes potencias.
El presidente Mulino debe renunciar al cargo, al que llegó rodeado de irregularidades, y debe ser demandado penalmente por atentar contra la personalidad internacional del Estado, en la modalidad de traición a la patria.
El canciller Javier Martínez-Acha y los asesores presidenciales en asuntos internacionales y constitucionales deben renunciar por dignidad.
Todos los integrantes del Consejo Nacional de Relaciones Exteriores tienen el deber de renunciar ante la extraordinaria felonía cometida contra la patria.
El autor es diplomático de carrera y presidente honorario del Centro de Estudios Estratégicos Asiáticos de Panamá (Ceeap).
