Reducir el déficit del 7.3% al 4% en un año no solo es una meta ambiciosa: es una necesidad impostergable tras años de despilfarro, populismo e irresponsabilidad fiscal. El anuncio del presidente Mulino expone un intento de corregir el rumbo, aunque aún sin hoja de ruta clara.
La situación actual es el resultado de gobiernos que inflaron ingresos ficticios para justificar presupuestos irreales, acumulando deudas y compromisos inviables. Hoy, los $6,416 millones que le faltan al Estado reflejan esa larga cadena de decisiones equivocadas.
Si bien el mandatario ha descartado más clientelismo en el sector público y promete incentivar la inversión privada, el país necesita mucho más que promesas: necesita un plan creíble, legal y sostenible. La fiscalización de la DGI es positiva, pero insuficiente.
El ajuste no puede ser cosmético ni improvisado. Debe respetar la Ley de Responsabilidad Fiscal, basarse en presupuestos realistas y eliminar privilegios salariales injustificados. Recuperar la sensatez no es solo una aspiración: es la única vía para evitar que la próxima crisis nos encuentre sin margen de maniobra.
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