Aunque para muchos la salida de Ricardo Martinelli de la embajada de Nicaragua puede interpretarse como un alivio —por haber dejado de usarla como plataforma política en abierta burla al derecho internacional—, lo cierto es que su llegada a Colombia bajo la figura del asilo político representa una victoria de la impunidad sobre la justicia.
Martinelli no huía de una persecución, sino de una condena firme por lavado de dinero. Y no lo hizo en silencio: celebró su escape con bailes y mensajes burlones, como si confirmara que el poder, una vez más, le garantizó inmunidad. Que el gobierno colombiano lo haya acogido por “razones políticas” contradice su propio historial de críticas hacia el expresidente panameño y desvirtúa el principio del asilo.
Este episodio no solo debilita el Estado de derecho en Panamá, sino que marca un precedente preocupante en la región: los condenados por corrupción pueden encontrar refugio político si tienen suficientes conexiones. Es un triunfo de la sinvergüenzura sobre la justicia, y de la protección sobre la rendición de cuentas.
