El nuevo anteproyecto de amnistía presentado en la Asamblea Nacional no es una propuesta legislativa: es un intento descarado de borrar años de lucha contra la corrupción. Disfrazado de discurso político, pretende anular condenas y procesos penales por delitos como blanqueo de capitales, corrupción y abuso de poder, incluyendo los casos Odebrecht, Blue Apple y New Business.
Es el segundo intento, en menos de un año, por convertir la justicia en papel mojado. La maniobra beneficiaría directamente a expresidentes como Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, y a otros implicados en esquemas que desangraron al Estado. Redefinir el “delito político” para incluir crímenes económicos no solo es una aberración jurídica; es un insulto al sentido común y una violación de principios constitucionales e internacionales.
El respaldo de más de 27 diputados a esta farsa revela un pacto de impunidad. Si esto prospera, se enterrará la credibilidad institucional del país. La ciudadanía no puede permitir que el poder legislativo legisle para proteger a los corruptos de su propio pasado.