El reciente escándalo por el desvío de fondos de la Caja de Seguro Social (CSS) hacia el Gobierno Central no es un hecho aislado, sino parte de una serie de abusos que explican la profunda insatisfacción ciudadana con el manejo político que ha tenido esta institución. Desde la administración de Ricardo Martinelli, se han utilizado fondos de otros programas de la CSS como una medida desesperada para evitar enfrentar la reforma al sistema de pensiones, cuya insostenibilidad fue evidente tras las reformas insuficientes de la administración Torrijos.
Todos los gobiernos posteriores han evadido su responsabilidad, ignorando las advertencias de expertos y de la propia Junta Directiva de la CSS, que tampoco cumplió con su deber de fiscalizar adecuadamente. El reciente desvío de 400 millones de dólares durante la gestión de Enrique Lau Cortés es solo el último ejemplo de cómo la CSS ha sido tratada como una caja chica para cubrir déficits fiscales del Gobierno.
Los responsables deben rendir cuentas, y la sociedad exige transparencia. No se trata solo de castigar a quienes actuaron mal, sino de garantizar que la CSS sea manejada con responsabilidad y respeto por los fondos que pertenecen a los trabajadores y jubilados.