El caso Red Frog desnuda una de las mayores contradicciones dentro del Suntracs: un sindicato que se presenta como defensor del trabajador, acusado por sus propios representados de estafa, asociación ilícita y blanqueo de capitales. La historia comienza con un conflicto laboral legítimo, en un fallido proyecto turístico en Bastimentos. Tras años de lucha y huelgas, los trabajadores aceptaron un pago en especie: lotes y una villa, que fueron inscritos a nombre del sindicato. Pero cuando intentaron reclamar su parte, se toparon con que los bienes ya estaban hipotecados por un préstamo de $3.1 millones otorgado por… su propia cooperativa. El “yo con yo” descrito en la querella no es una simple irregularidad, sino un patrón de opacidad y concentración de poder. Hoy, varios líderes sindicales enfrentan órdenes de arresto, mientras su figura más visible, Saúl Méndez, busca asilo político. El caso es complejo, pero el principio es claro: ningún liderazgo, por más combativo que se declare, puede colocarse por encima de la transparencia y la rendición de cuentas. Mucho menos, traicionar la confianza de quienes dice representar.
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