Hoy por hoy: Cuando la tierra se reparte entre los poderosos

La adjudicación de terrenos estatales al diputado Benicio Robinson, en condiciones sospechosamente favorables, evidencia una falla estructural en el modelo de titulación en Panamá. Lo que debería ser un instrumento de justicia social se ha convertido, en muchos casos, en un vehículo de consolidación de poder político y económico. No es un caso aislado: Yanibel Ábrego tituló 18.4 hectáreas en Capira por solo 120 dólares —menos de un centavo por metro cuadrado—, mientras que Pedro Miguel González adquirió 20 hectáreas en el cerro Tute, Veraguas, por apenas 138 dólares. El problema no es solo legal, es ético: cuando las normas existen pero se aplican según el grado de influencia del solicitante, el sistema pierde legitimidad. Esta situación alimenta una peligrosa percepción: que el Estado no sirve al bien común, sino al que mejor se conecta. Si no se corrige, se erosiona la confianza pública y se profundiza la desigualdad. Es urgente revisar las políticas de adjudicación, garantizar transparencia total y asegurar que la tierra —recurso finito y vital— beneficie primero a quienes la habitan y la trabajan, no a quienes la reclaman desde las oficinas del poder.