La aprehensión de Bernardo Meneses, exdirector del Ifarhu, no sorprende. Lo que sorprende es lo mucho que tardó. Durante años, manejó un sistema de auxilios económicos con opacidad, discrecionalidad y descaro. Lo usó para premiar lealtades políticas y favorecer clientelas dentro del PRD y la Asamblea Nacional. Las advertencias estaban ahí: negativa a rendir cuentas, repartos millonarios sin justificación, y una plataforma pública usada como trampolín electoral.
Ahora, el Ministerio Público le sigue la pista a más de $400,000 que, según auditorías, no pudo justificar. Beneficiarios de ayudas hicieron transferencias directas a sus cuentas, como si el dinero público fuera suyo por derecho. ¿Cuántos más se beneficiaron? ¿Cuántos sabían? Meneses puede ser el rostro del caso, pero no fue el único operador.
Este caso es más que la caída de un funcionario. Es una advertencia a quienes usan el Estado como caja registradora personal. La justicia debe ser ejemplar, rápida y sin pactos silenciosos.
