El rechazo del proyecto de amnistía para los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela representa un respiro para el Estado de derecho, pero también revela la profundidad del deterioro institucional en Panamá. No se trataba de una ley para el bien común: era un intento descarado por convertir la Asamblea en refugio de impunidad.
Veintisiete diputados firmaron esa propuesta. Sabían que violaba la Constitución, que confundía delitos comunes con delitos políticos y que deshonraba el principio de igualdad ante la ley. Hasta una lectura rápida —o una consulta con cualquier asesor legal, humano o digital— bastaba para demostrar que no era viable.
Los votos en contra, incluyendo algunos sorpresivos, impidieron que este adefesio legal avanzara. Pero el daño está hecho: quedó en evidencia que hay bancadas dispuestas a legislar para encubrir delitos, no para prevenirlos.
El descaro con que se intentó esta maniobra revela una élite política dispuesta a protegerse entre sí. Hoy el blindaje fracasó, pero la lucha contra la impunidad no termina aquí.
