Después de 63 días de huelga por la reforma a la Ley 51 de la Caja del Seguro Social, el presidente de la República, José Raúl Mulino, y la ministra de Educación, Lucy Molinar, aprobaron un procedimiento especial para nombrar temporalmente a maestros y profesores que reemplacen a quienes han abandonado las aulas. Se estima que al menos un tercio del cuerpo docente ha suspendido clases en todo el país.
El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes, más aún cuando la protesta ha sido impulsada por gremios que históricamente han guardado silencio frente al deterioro de la calidad educativa.
La educación pública lleva años en crisis, sin una agenda clara de mejora ni evaluación del desempeño docente. Por eso, acciones como esta, aunque impopulares para algunos, son necesarias para proteger el interés superior del estudiante.
Ojalá esta medida devuelva la normalidad a las escuelas y los debates políticos se diriman donde corresponde: en la Asamblea, no sacrificando la educación en el salón de clases.