El derecho a protestar es una piedra angular de la democracia. Los ciudadanos tienen el derecho de manifestarse, marchar y expresar su descontento. Sin embargo, cuando una protesta se transforma en el bloqueo prolongado de una ciudad, deja de ser una expresión legítima y se convierte en una violación de derechos.
Changuinola, en Bocas del Toro, es el ejemplo más reciente de esta distorsión. Lo que comenzó como una manifestación de trabajadores inconformes ha derivado en el cierre ilegal de las vías de acceso a la ciudad. Esto ha dejado a sus residentes atrapados, sin acceso adecuado a alimentos, medicinas y otros productos esenciales. El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) ha tenido que activar un puente aéreo humanitario para mitigar el desabastecimiento.
Protestar es un derecho, pero bloquear el acceso a una ciudad por horas, días o semanas es otra cosa. Eso no es manifestarse, es imponer por la fuerza el sufrimiento a otros. Las autoridades deben garantizar el libre tránsito de todos los ciudadanos y hacer cumplir la ley. En democracia, los derechos se ejercen sin atropellar los derechos de los demás.