Han pasado más de 20 días desde el 1 de julio, cuando inició el segundo periodo de sesiones ordinarias, y la Asamblea Nacional sigue sin conformar sus comisiones legislativas. Lo que algunos diputados presentan como una pulseada política, en realidad es un costo directo para la ciudadanía: 61 anteproyectos de ley esperan ser remitidos a estas instancias para iniciar su trámite.
El retraso no es menor si se considera que entre esas iniciativas destaca el presupuesto general del Estado para 2026, cuyo debate debe iniciar en los próximos meses. La Constitución exige que la Comisión de Presupuesto participe en las consultas con el Ejecutivo; sin ella, no hay avance posible.
La demora refleja, como advierten analistas, una estrategia de cálculo partidista de bloques como RM y PRD. Pero cada día perdido en esta disputa es un día que se posterga la discusión de leyes que afectan salarios, deuda pública, salud y educación. El país no puede esperar los tiempos de la política.