El informe sobre la situación de los centros de atención para adultos mayores en Panamá deja en evidencia una realidad inaceptable: la negligencia, el maltrato y la falta de supervisión efectiva han convertido estos espacios en entornos de vulnerabilidad. Las denuncias de abuso sexual, las condiciones insalubres y la escasez de personal son síntomas de un sistema que prioriza la inercia burocrática sobre la dignidad humana.
El Ministerio de Desarrollo Social insiste en que realiza inspecciones, pero los hechos demuestran que estas son insuficientes. Si los centros siguen operando con deficiencias estructurales y casos de abuso sin sanciones efectivas, ¿qué tan rigurosa es realmente la supervisión? La protección de los adultos mayores no puede depender de visitas esporádicas o trámites administrativos opacos.
Urge una reforma en los protocolos de atención y la aplicación estricta de sanciones para centros que incumplan. El derecho a una vejez digna no es un favor del Estado, es una obligación. Las autoridades deben asumir su responsabilidad antes de que esta crisis cobre más víctimas.
