La Fiscalía Anticorrupción investiga el presunto desvío de 400 millones de dólares desde la Caja de Seguro Social (CSS) hacia el Gobierno Central durante la gestión de Enrique Lau Cortés. Según denuncias presentadas por la propia CSS, estos fondos salieron sin sustento legal y sin que se haya devuelto un centavo, lo que violaría la Ley 51 y la Ley 462, ambas garantes de la autonomía financiera de la entidad.
También se indaga la transferencia de fondos entre programas internos, como los aportes al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), lo cual está prohibido por el principio de responsabilidad individual que rige a la CSS.
Además, hay más de 7 mil expedientes sin cobrar, con instituciones públicas y empresas privadas acumulando una deuda de al menos 21 millones de dólares.
La CSS no puede seguir operando como caja auxiliar del Ejecutivo ni como refugio de morosos. Lo ocurrido exige justicia, sanciones y una reforma profunda con rendición de cuentas real.