No hay excusa que justifique que, en marzo de este año, el Ministerio de Educación solo haya ejecutado el 1.7% de su presupuesto de inversión. Mientras miles de estudiantes regresaban a aulas en mal estado, el Estado se mostraba incapaz de responder con la urgencia y eficiencia que exige la realidad educativa del país. Esta parálisis no es nueva: en 2024, Meduca apenas ejecutó el 48.9% de su presupuesto de inversión, tras varios recortes y traslados de partidas.
La ministra Lucy Molinar alega que actuar con cautela es una virtud. Pero cuando el 8 % de las escuelas del circuito 8-4 presenta fallas eléctricas, el 85% no es accesible y ninguna cumple con estándares de saneamiento, la prudencia se convierte en negligencia.
A esta deuda institucional se suma la de ciertos gremios docentes, que han paralizado clases bajo causas ajenas a la educación. Tristemente, su lucha dista de buscar mejoras reales para los estudiantes. Si los gremios defendieran con la misma fuerza la calidad docente, la formación continua y la infraestructura escolar, Panamá tendría hoy un sistema educativo más justo y efectivo.
El país necesita que el Estado invierta con responsabilidad, que los gremios se comprometan con los alumnos y que la sociedad civil exija resultados. Mientras los adultos negocian poder, los estudiantes pierden futuro.
