Panamá es un país sin ejército, sin una guerra declarada y con una tradición de solución pacífica de conflictos. Tras el desmantelamiento de las Fuerzas de Defensa en 1989, luego de la invasión estadounidense, el país abolió constitucionalmente el ejército en 1994 y dejó atrás la estructura militar. Paradójicamente, mientras el país decidió no tener ejército, ciudadanos panameños han terminado incorporados a fuerzas militares extranjeras para combatir en una guerra que no fue declarada por sus autoridades: al menos 24 compatriotas han sido vinculados al conflicto entre Rusia y Ucrania y nueve figuran en paradero desconocido. La Cancillería tenía conocimiento de casos meses antes de que la historia de Dante revelara públicamente la posible existencia de redes de captación. En ese momento no hubo una alerta pública general sobre los riesgos de estas ofertas. Tras las denuncias conocidas, el Ministerio Público abrió cuatro investigaciones para determinar si hubo engaños, intermediarios o mecanismos irregulares de reclutamiento. Mientras Rusia sostiene que son incorporaciones legales mediante contratos militares y Ucrania acusa a Moscú de reclutamiento engañoso, Panamá debe exigir a ambos gobiernos que cesen cualquier mecanismo fraudulento de captación de ciudadanos panameños para una guerra que no le pertenece.
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