Cuando padres de familia protestan, por ejemplo en Jaqué, Darién, por el abandono de su escuela —sin baños, sin agua potable y sin docentes en materias clave—, hay quienes cobran sin trabajar en la planilla de la Asamblea Nacional. Ese es el verdadero costo del clientelismo.
Mientras miles de jóvenes intentan estudiar en medio de un sistema paralizado por huelgas docentes —que ya acumulan semanas sin clases en escuelas oficiales—, los fondos públicos siguen alimentando redes de favores políticos disfrazadas de nombramientos. La denuncia penal presentada por la Contraloría General contra al menos 104 funcionarios que habrían cobrado sin laborar en despachos legislativos revela una práctica extendida y conocida: mantener “botellas” como pago por lealtades partidarias.
Unos cien casos es muy poco para una institución que tiene casi cinco mil funcionarios. Lo más probable es que podría operar eficientemente con menos de mil. En esa lista ni están todos los que son, ni son todos los que están. La auditoría debe ser constante, transparente y objetiva. No se vale usarla como herramienta de presión política. Urge restablecer las prioridades del país: menos planilla política, más aulas dignas.